ASEIRCAM, asociación que agrupa a este tipo de empresas en Castilla-La Mancha, quiere fomentar la creación de nuevos proyectos que se sumen a la media docena que ya existe
Estas empresas ahorran a la Administración hasta 7.000 euros por persona contratada en conceptos como la renta básica o las prestaciones sociales
Desde el año 2009 funcionan en Castilla-La Mancha las llamadas empresas de inserción. Su trabajo se centra en lograr que los colectivos social y laboralmente excluidos del mercado laboral puedan integrarse con normalidad en un puesto de trabajo al uso.
Esta semana se ha celebrado en Toledo una Jornada Técnica sobre la Aplicación de la nueva ley nacional 31/2015 para el Fomento de la Economía Social y las Empresas de Inserción. La organizaba FAEDEI, agrupación de Asociaciones Territoriales de Empresas de Inserción entre las que se encuentra la castellano-manchega ASEIRCAM. Su finalidad es impulsar la creación de empresas de economía solidaria.
En la región tan solo existen seis entidades en el registro de empresas de inserción (que se reguló en el año 2010) a las que en breve se sumarán cuatro o cinco más. Se ubican en Guadalajara y, sobre todo, en Albacete con actividades vinculadas a la jardinería, la recogida de ropa, el turismo rural o la hostelería y están apoyadas por otras entidades como Cáritas.
«Se acabó la leyenda urbana, no somos competencia desleal»
Nieves Ramos, presidenta de FAEDEI recuerda que las empresas de inserción social están declaradas como prestadoras de bienes de interés general y económico. En España existen 204 y están concentradas, en un 50%, en Cataluña y el País Vasco. “Ha habido una apuesta clara”, añade, de estas comunidades autónomas que las consideran como parte de sus programas de políticas activas de empleo. “Somos como el brazo armado de la Administración Pública para facilitar el empleo de las personas en situación de vulnerabilidad. Se acaba así la leyenda urbana de que somos competencia desleal de otro tipo de empresas”.
“No tiene sentido que tengamos que pagar el IAE”
Las empresas de inserción son “de tránsito”, es decir, las personas solo pueden permanecer en ellas durante tres años antes de pasar al mercado laboral ordinario. Recuerda que existe una bonificación para el empresario que contrate a un trabajador que viene de una empresa de inserción y que asciende a 1.600 euros.
Ahora, este colectivo ya tiene una petición muy concreta para el nuevo Gobierno nacional. “Somos empresas sin ánimo de lucro ni ánimo de pérdidas. Si tenemos beneficios se han de reinvertir en la estructura productiva”, recuerda Nieves Ramos. Por eso, creen que “no tiene sentido” pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
“Ya le estamos pidiendo al Gobierno central estar dentro de las empresas no lucrativas, que pagaremos nuestra Seguridad Social, IRPF y otros impuestos pero no el IAE porque ya devolvemos a la Administración pública en creación de empleo como para tener que abonarlo”. Y es que, en su opinión, este tipo de empresas aportan “más” de lo que la Administración les da. “Para ellos es el chocolate del loro, para nosotros es un respaldo económico y político”.
Empresas de inserción, “la única oportunidad” para muchas personas
Rafael López preside ASEIRCAM y recuerda que Castilla-La Mancha fue pionera en aprobar legislación vinculada a la economía social pero, lamenta, “después no ha ido de la mano de un régimen de ayudas”. Por eso, lanza un mensaje a las administraciones castellano-manchegas. “Hay que ir de la mano, esto no es una responsabilidad de una ONG sino de todos para hacer una sociedad más justa, estando al lado de quienes lo tienen más complicado”.
“Es la única oportunidad que tienen aquellas personas que no encontrarían empleo ni aunque se reactive la situación económica. Son los últimos de los últimos y cada vez compiten con un mercado más formado”. Son refugiados, personas que acaban de salir de prisión, drogodependientes, personas sin hogar, víctimas de violencia de género…”Para dar el salto a una empresa ordinaria necesitan entrenamiento en el puesto de trabajo y esta es una herramienta absolutamente necesaria porque es de justicia y además es rentable tanto para la Administración como para los ciudadanos.”.
Y es que, explica Rafael López, una empresa que trabaja en una empresa de inserción empieza a generar actividad económica, “es digno para ellos, para llevar dinero a casa sin tener que depender de la beneficencia pero también para la Administración que ahorra, independientemente de las ayudas que otorgase, en renta básica o en prestaciones sociales una media de 6.000 o 7.000 euros por persona”.
Las cláusulas sociales en contratos públicos
Precisamente este mes de octubre, Castilla-La Mancha ha aprobado una instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación del sector público regional, con importantes novedades como la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales, de abonar los salarios recogidos en el convenio colectivo y de cumplir el principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Además, la Administración Pública en el conjunto del Estado está ahora obligada a establecer una reserva de mercado para la empresas de inserción”. La ley habla de una reserva de contratos públicos para este tipo de empresas de un 3%. “Nosotros no queremos ir a porcentaje porque no es lo mismo el presupuesto del Ayuntamiento de Toledo que el de Elche de la Sierra”, explica Nieves Ramos.
“¿Para qué nos sirven las cláusulas sociales? Hay una posibilidad y es que dentro de los pliegos aparezcan lotes. Nosotros no podremos hacer el AVE pero si la reforestación de espacios baldíos por esa obra”. Además, entre sus objetivos está que las administraciones públicas también contraten a personas procedentes de empresas de inserción.
Para Rafael López, la medida “es una oportunidad de compensar el déficit de productividad. La Administración es el mayor consumidor en este país y reservar un porcentaje de los contratos públicos para compensar ese déficit de las empresas de inserción o centros de empleo para nosotros es fundamental. Por ejemplo, un porcentaje de lo que va a gastar en jardinería lo gasto en algo que tiene un valor social que no aporta otro tipo de empresa”.
Castilla-La Mancha tendrá una nueva Ley de Economía Social
Francisco Rueda, viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales explica que la Junta está “muy comprometida con un sector pequeño pero muy solvente que ha demostrado calidad en la prestación de servicios y en particular en la inserción laboral”. La Consejería de Economía, Empleo y Empresas está ultimando una Orden de ayudas para estas entidades que podría estar lista antes de final de año.
“Estos años atrás las políticas de empleo habían sido o paralizadas o desmanteladas con lo cual no se había avanzado nada desde 2010 cuando se creó el registro de empresas de inserción social”. Rueda reconoce que en la región existe un problema “grave” de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Precisamente esta semana se ha reunido el Consejo Regional de Economía Social como primer paso para el futuro desarrollo de una Ley de Economía Social en Castilla-La Mancha. El objetivo será “revisar el marco de colaboración de estas empresas con la Administración y que incluye desde empresas de trabajo asociado hasta empresas de economía social más innovadoras como son las empresas de inserción”.
La iniciativa forma parte del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha y entre otras cosas también reconocerá y acreditará a estas empresas como clientes de la Administración Pública que prestan distintos servicios.
FUENTE: EL DIARIO (CLM)
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