- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado hoy martes, 2 de agosto, los datos del mes de julio correspondientes a laafiliación a la Seguridad Social,contratos formalizados y desempleo registrado,así como también los relativos a la protección económica ante la situación deparo del mes de junio. Son datos que vengo analizando desde hace muchos años en relación con la problemática de la población inmigrante y a cuya lectura remito en este concreto aspecto a las personas interesadas.
Los datos publicados hoy nos dan cuenta de la reducción mensual del desempleo en 26.887 personas, una cifra bastante inferior a la del mes de julio de 2016, cuando la reducción fue de 83.993 personas. Además, según el propio documento oficial, “en términos desestacionalizados, el paro registrado sube en 11.771 personas”. En cuanto al número de contratos registrados, un dato que demuestra la elevada flexibilidad de nuestro mercado laboral, durante el mes de julio han sido 1.928.639, y si sumamos los siete primeros meses de este año la cifra se eleva a 12.469.097, un incremento del 6,19 % y 10,25 %, respectivamente, sobre igual período del año anterior. El optimismo sobre la contratación queda bastante diluido cuando se comprueba que sólo el 7,88 % son de carácter indefinido, y que el resto son temporales, con un dato que debe hacer reflexionar seriamente: los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 34,14% (sobre 1.928.398 contratos de duración determinada y formativos).
Si nos fijamos brevemente en los datos sobre protección por desempleo, comprobamos que esta alcanza a 1.764.983 personas, con una tasa de cobertura bruta del 55,6 % ( es decir el total de beneficiarios por prestaciones dividido por el paro registrado SISPE con experiencia laboral más los beneficiarios del subsidio agrario), con una leve mejora del 0,9 % sobre el mismo período del año anterior. Sin embargo, el dato al que debemos prestar más atención es a la calidad de la protección, es decir cuándo se percibe prestación contributiva y cuando asistencial, y si ciertamente se ha producido una mejora sobre el año anterior, los datos siguen siendo preocupantes, ya que del total de personas desempleadas protegidas sólo el 40,67 % se encuadran en el primer grupo, mientras que el 59,33 % lo está en el segundo. La cuantía media bruta de la prestación del primero se sitúa en 786,9 euros.
- Por su parte, los datos de Seguridad Social manifiestan una variación tanto mensual como interanual sin duda relevante, ya que se trata de un incremento de 56.222 y 644.337 afiliados respectivamente. Si el segundo dato se valora más al ponerlo en relación con el aumento interanual de 529.804 en el mismo período de 2016, debe moderarse mucho más el entusiasmo de los dirigentes políticos al explicar estos datos, ya que está bastante por debajo del incremento mensual de 84.721 afiliados en julio de 2016. Ciertamente, la cifra de población asalariada afiliada (15.245.198) es superior a la existente, en promedio, en 2009 (14.821.779), mientras que la de trabajadores autónomos (3.244.131) es prácticamente equivalente a la del promedio del año 2.010 (3.245.752), pero ello no nos debe hacer olvidar ni mucho menos que lo realmente importante es tanto la modalidad contractual como muy especialmente el salario percibido por el trabajador y sobre el que se cotiza.
Respecto a este último punto, moderemos también el optimismo y con los datos de la encuesta anual dela estructura salarial de 2015, muy recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística, se comprenderé la razón del mínimo incremento de las cantidades abonadas en concepto de cuotas empresarial y obrera a la Seguridad Social, ya que la ganancia media anual por trabajador fue de 23.106,30 euros en 2015, que el salario mediano (“el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior”, fue de 19.466,49 euros, y que el sueldo más frecuente se situó en torno a 16.500 euros.
Bajos salarios y contratos de muy corta duración, así como las irregularidades producidas en materia salarial respecto al abono y cotización de algunas cantidades (horas trabajadas y no declaradas, por citas un ejemplo bien conocido), no contribuyen precisamente a la mejora de los ingresos de la Seguridad Social aun cuando sea importante el incremento del número de afiliados. En esos bajos salarios y en la existencia de irregularidades influye sin duda la estructura del tejido empresarial español, preferentemente de pequeña y micro empresa, en donde la presencia de representantes de los trabajadores es prácticamente inexistente. Los datos publicados el 31 de julio por el Directorio Central de Empresas sobre dicha estructura empresarial lo ponen claramente de manifiesto: “A 1 de enero de 2017 más de 1,82 millones de empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,5% del total. Además, otras 894.179 (el 27,2% del total) tenían uno o dos empleados. Si se suman estos dos grupos, resulta que el 82,8% tenían dos o menos asalariados. Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más trabajadores representaron el 4,6% del total”.
Si nos fijamos, por otra parte, en la encuesta anual de coste laboral correspondiente al año2016, publicada el 28 de julio por el INE, observaremos las importantes diferencias salariales entre sectores y por territorios autonómicos: “Las actividades económicas con mayor coste laboral bruto anual fueron Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (76.777,09 euros), Actividades financieras y de seguros (59.582,50) e Información y comunicaciones (50.014,01). Por el contrario, Hostelería (18.640,82 euros), Otros servicios (20.734,21) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (21.201,88) tuvieron los costes más bajos. Por comunidades, los costes laborales netos más elevados se dieron en Comunidad de Madrid (35.940,59 euros), País Vasco (35.264,74) y Cataluña (32.139,31). Extremadura (24.907,08), Canarias (25.774,36) y Galicia (26.718,40) tuvieron los más bajos”.
- En fin, en este breve apunte de datos sobre el mercado de trabajo en España no conviene olvidar los datos, también muy recientemente publicados de laEncuesta dePoblación Activa correspondiente al segundo trimestre de 2017,del que destaco dos importantes: “El total de asalariados sube este trimestre en 349.500. Los que tienen contrato indefinido aumentan en 93.600 y los que tienen contrato temporal en 255.900. En variación anual, el número de asalariados crece en 502.500 (el empleo indefinido se ha incrementado en 202.800 personas y el temporal en 299.700). El número de trabajadores por cuenta propia sube en 23.800 este trimestre, mientras que en los 12 últimos meses ha crecido en 9.200.
La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (272.400 más), en la Industria (65.700) y en la Construcción (52.100) y desciende en la Agricultura (15.200 menos). En el último año el empleo ha subido en todos los sectores: en los Servicios hay 244.100 ocupados más, en la Industria 139.500, en la Agricultura 72.400 y en la Construcción 56.300”.
Sin embargo, tampoco debemos olvidar la importancia de un dato que tiene especial interés para nuestro mercado de trabajo y que guarda relación tanto con el progresivo envejecimiento de la población trabajadora como con el desánimo de personas desempleadas de larga duración que abandonan involuntariamente la búsqueda de empleo: “En términos anuales, la población activa ha disminuido en 148.000 personas y la población en edad de trabajar (16-64 años) ha bajado en 32.100. La tasa de variación anual de los activos es del –0,65%, nueve centésimas menos que en el trimestre anterior”.
- Pero…, se trabajan menos horas que en 2011, es decir a la finalización del mandato del gobierno socialista y del acceso al poder del Partido Popular. A la espera de un análisis detallado de los datos de la EPA del segundo trimestre,quedémonos con el análisisefectuado por Enrique Negueruela sobre las cifras de la EPA del primertrimestre:“Los asalariados han perdido 14 millones de horas, el equivalente a 370 mil empleos. Si observamos cómo se distribuye la variación de horas trabajadas por los asalariados según sean fijos o precarios o sus empleos equivalentes, veremos que hay 15,5 millones de horas trabajadas menos por los fijos, 413 mil empleos. Al mismo tiempo, hay 1,6 millones de horas más trabajadas por los precarios, unos 43 mil empleos. Con la reforma laboral, cada hora de aumento del trabajo precario, ha costado la pérdida de diez horas de trabajo estable.
El segundo aspecto que siguen afirmando los datos, un trimestre más, es la diferente afectación según la edad. Los menores de 45 años pierden el equivalente a 1,6 millones de empleos y los mayores de esa edad ganan 900 mil. Si se continúa desagregando, se observa que los menores de 45 años pierden 1,1 millones de empleos fijos, el 16,1% y 172 mil precarios, el 6,1%. Por su parte, los mayores de 45 años aumentan un 16% sus empleos estables, 717 mil, y un 34% los precarios, 215 mil. Con todos estos movimientos, los menores de 45 años pasan de suponer el 61% de los asalariados fijos a solamente el 53%, cuatro puntos por debajo del peso de ese grupo de edad. Se pierde empleo de las personas menores de 45 años, fundamentalmente empleo fijo (el 16,1%) y se gana empleo precario de los de más edad (34%)”.
Convendría, pues, “no repetir errores: acabar con la precariedad del empleo”, tal como sostiene algunos economistas y juristas integrados en el colectivo “Economistas frente a la crisis”. Muy recomendable es la lectura del documento de trabajo que lleva justamente eltítulo entrecomillado, redactado por los economistas Antonio González y Alberto del Pozo, y por los laboralistas Silvia Parra y Borja Suarez, en el que constatan algo que ha sido repetidamente destacado en los estudios sobre la contratación de duración determinada en España, esto es que “a pesar de la clara definición legal, es un hecho notorio que una parte muy importante de la contratación temporal no se atiene a la misma”, y que por ello la excesiva tasa de temporalidad española responde “… como explicación fundamental, a un uso fraudulento generalizado de los contratos temporales”, planteando diversas medidas para corregir la situación, también señaladas por la doctrina laboralista con anterioridad y que no han sido acogidas hasta ahora en sede política de propuesta de modificaciones legislativas, como son (resumo su contenido y remito a la lectura íntegra del documento): “Clarificar aún más las causas y situaciones legales para las que se pueden utilizar los contratos temporales. … ; Realizar las modificaciones legales para evitar la justificación de contratos temporales asociados, no a la temporalidad de la actividad, sino a la falta de claridad en la norma, al vacío legal o a una interpretación laxa de los tribunales…; suprimir los actuales ‘incentivos’ económicos de las empresas al fraude, invirtiéndolos y convirtiéndolos en desincentivos económicos”.
Aunque no es del mismo parecer el FMI que, machaconamente y año tras año en sus notas sobre España, insiste en una mayor flexibilidad en el mercado laboral para acabar con la “dualidad”.
El último documento (y seguro que en 2018 se repetirá el argumento), es la “Declaración final de la Misión dela Consulta del artículo IV de 2017), publicado en 18 de julio, que dedica un apartado concreto al mercado de trabajo, que debería tender a “una mejor empleabilidad y una menor dualidad”, siendo estas sus (archiconocidas) recetas: “Fomentar un mercado de trabajo dinámico y saneado que ofrezca oportunidades de empleo a todos los segmentos de la sociedad requiere un planteamiento integral. A tal fin, convendrá mantener la competitividad de la economía, lo que requiere a su vez que las condiciones de trabajo se establezcan de manera flexible con arreglo a las características específicas de las distintas empresas y sectores, y afrontar el persistente problema de la dualidad del mercado de trabajo. Por otra parte, las políticas activas de empleo bien diseñadas y dirigidas pueden desempeñar un papel mayor a la hora de ayudar a la reinserción laboral de los jóvenes escasamente cualificados y de los desempleados de larga duración. Para maximizar su efectividad, las políticas activas de empleo deberían complementar los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de la educación y la formación. Con ello se contribuiría a abordar la falta de adecuación de algunas cualificaciones y a aumentar la productividad”.
- La lectura de los datos estadísticos no puede ni debe hacerse, pues, sobre el mero crecimiento o disminución cuantitativa de la población ocupada, sino también sobre la calidad del empleo creado, tanto en términos de estabilidad como de condiciones de prestación de la actividad (nivel de formación, cualificación, salario, condiciones de trabajo).
En este punto es de interés acudir a la lectura de la Memoria anual (2016) del Consejo Económico y Socialde España sobre la situación socioeconómica y laboral, que subraya un dato del alcance internacional y que por supuesto afecta e interesa a España, cual es que los informes de situación y perspectiva de organismos económicos internacionales, en la nueva fase de ciclo económico abierto a partir de la salida gradual y paulatina (para una parte de la población, desde luego no para otra mucho más cuantitativamente importante, añado yo ahora) de la crisis iniciada en 2007 en Estados Unidos y “trasladada” después a todas las economías desarrolladas, ponen el acento (y deberían ponerlo mucho más a mi parecer) “en garantizar que la senda de crecimiento sea sostenida, capaz de aumentar la productividad y crear empleo de calidad para todos los colectivos, prestando especial atención a los más afectados por la crisis”, señalando en todos ellos que en los debates sobre el empleo, su creación o disminución, y su calidad, hay que prestar cada vez más atención a dos factores como son “la creciente digitalización de la economía y el uso de las nuevas tecnologías”, siendo prudentes sobre su afectación al número, y calidad, de puestos de trabajo creados o destruidos, ya que las consecuencias de la digitalización “…dependerán no solo del curso de las transformaciones del propio proceso de digitalización, sino también de factores institucionales (como las características de los mercados de trabajo, de las relaciones laborales o de los sistemas de protección social de cada país), así como de las políticas que se emprendan en cada uno de ellos, no pudiéndose establecer conclusiones deterministas al respecto”.
- La preocupación por el futuro del trabajo y del empleo, y de las consecuencias de los cambios tecnológicos, ha estado también presente en las reuniones del G20 celebradas este año, primero la de Ministros de Trabajo y Empleo, celebrada los días 18 y 19 de mayo, y después la de los Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar los días 7 y 8 de julio en Hamburgo, con la aportación por parte sindical internacional de sus propuestas a dichas reuniones, valorando especialmente que en la reunión de julio “por primera vez los líderes del G20 se comprometieron … a alentar a su propias compañías multinacionales a concluir acuerdos marco internacionales, negociados con las Federaciones Sindicales Internacionales”.
En el documento de los Jefes de Estadoy de Gobierno se puede leer que “Reconociendo la creciente diversidad del empleo, evaluaremos su impacto en la protección social y las condiciones de trabajo y seguiremos vigilando las tendencias mundiales, incluyendo el impacto de las nuevas tecnologías, la transición demográfica, la globalización y las relaciones de trabajo cambiantes en los mercados laborales. Promoveremos oportunidades de trabajo decente durante la transición del mercado de trabajo. Esperamos un intercambio continuo de experiencias y prácticas nacionales”.
Por parte sindical, de forma mucho más clara y contundente, en su declaración ante dicha cumbre, hecha pública el 4 de julio, se pidió garantizar una distribución justa de los beneficios derivados del cambio tecnológico, con una seria de propuestas de indudable interés para el próximo futuro, tanto a efectos de las relaciones de trabajo como de los marcos normativos que deben regularlas: “Acordar normas y políticas coordinadas en relación con la próxima revolución de la producción y la economía digital, incluyendo marcos reguladores que garanticen los derechos fundamentales y el trabajo decente. Buenas condiciones de trabajo, empleos seguros y acceso a la protección social son esenciales para asegurar que la globalización y la digitalización redunden en interés de las personas. Esto implica marcos tripartitos, convenios colectivos y consultas en el lugar de trabajo respecto al diseño, desarrollo e introducción de nuevas tecnologías, incluyendo normas éticas; Aprobar las Prioridades del G20 sobre el Futuro del Trabajo, específicamente en relación con una cobertura adecuada de la protección social para todos los trabajadores y el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como base para el diálogo social y la negociación colectiva; Adoptar el marco de una transición justa para la digitalización, incluida la garantía del aprendizaje permanente y la formación, asegurando empleos de calidad en todos los sectores, con salarios decentes, tal como se solicitase en la Declaración L20-B20 a la Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 y garantizando un acceso asequible a conexiones Internet en todo el mundo; Abordar los desafíos regulatorios derivados de modelos empresariales en la economía digital incluyendo cuestiones de competición, gobernanza corporativa y fiscalidad, y asegurar relaciones de empleo formales y derechos y protecciones a los trabajadores/as en la economía de plataformas digitales”.
En este punto, me parece de especial interés mencionar la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, hasta el 30 de septiembre, sobre “Laestrategia digital para una España inteligente”, que incluye un apartado específico dedicado a “ciudadanía y empleo digital”, en el que pone de manifiesto los que considera son los dos retos más importantes ante los que se enfrenta la política a llevar a cabo en este ámbito y para los que se pide la opinión de aquellos que deseen participar en la consulta: “la mejora de las habilidades y competencias digitales y formaciones CTIM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) de la ciudadanía, de la fuerza laboral y la cantidad y las competencias de los especialistas digitales, así como impulsar el papel del sistema educativo en la promoción de estas competencias. … La garantía de los derechos de privacidad, seguridad, participación, igualdad o protección de los menores en el entorno digital”.
La apertura de esta consulta ha sido valorada positivamente por parte sindical, y coincido con este planteamiento, afirmándose por parte de la UGT que tiene especial relevancia para el futuro del empleo de calidad en España y formulando estas reflexiones de índole más general en una nota de prensa publicada el 1 de agosto: “El proceso de transformación digital que estamos viviendo presenta luces y sombras dentro de un entorno voluble e impredecible. Parece indudable que la introducción de las nuevas tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial en todo el tejido productivo reportará beneficios tangibles e intangibles, como el aumento de la productividad o de la innovación. Así mismo, existen otras eventualidades y riesgos, que organismos de toda índole ideológica han puesto sobre la mesa, y que podrían afectar negativamente al volumen del empleo neto e incrementar la desigualdad salarial entre aquellos que desarrollen suficientes competencias digitales y los que no.
Muchas de estas problemáticas ya son parte del presente: conflictos entre trabajadores y plataformas digitales – que se presentan con el título de economía colaborativa cuando su estilo es más atribuible a la extractiva o explotadora-, la necesaria regularización laboral del derecho a la desconexión y aspectos sobre la privacidad o la seguridad física de aquellos empleados que trabajan con dispositivos inteligentes o con robots de nueva generación. Pero solo estamos ante la punta del iceberg de un futuro inminente donde la sustitución de personas por software podría generar grandes masas de desempleo o donde las exigencias sobre competencias y habilidades digitales podrían aumentar la desigualdad laboral hasta hacerse insoportable”.
- La realidad más reciente del empleo y la política social en Europa ha sido analizada en elinforme anual (2017)sobre el empleo y el desarrollo social,publicado recientemente por la Comisión Europea, en el que se pone de manifiesto que la mejora cuantitativa del empleo y la reducción del desempleo son factores positivos a destacar, si bien matizados por una parte porque ese crecimiento del empleo se acompaña de un menor crecimiento del número de horas trabajadas por persona empleada, y que la estructura del empleo está cambiando, con la consiguiente necesidad de examinar la protección que el marco jurídico ofrece en términos tanto de condiciones de trabajo como de protección social, ya que se ha incrementado mucho el empleo en el sector servicios (consecuencia de procesos de digitalización de la economía) y también el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial, así como la proliferación del trabajo autónomo (voluntario o no, ya es otra cuestión), con especial afectación a los jóvenes.
En la nota de prensa, de síntesis del documento, publicada el 17 de julio, con el título “Evolución social y del empleo en Europa: el estudio de 2017 muestra tendencias positivas, pero poner de relieve la elevada carga que recae sobre los jóvenes”, se expone que “más allá del progreso social y económico general, los datos revelan que las generaciones más jóvenes soportan una carga particularmente elevada: suelen tener más dificultades para encontrar trabajo, están más expuestos a formas de empleo atípicas y precaria, incluidos los contratos temporales, lo que puede dar lugar a una menor cobertura de protección social. También es probable que reciban pensiones más bajas, respecto a los salarios. Por eso el estudio ESDE de 2017 se centra en la equidad intergeneracional: tenemos que asegurarnos de que todas las generaciones puedan beneficiarse de la actual evolución económica favorable”. El informe destaca la problemática, no sólo de índole laboral sino también de carácter mucho más general, en la que se encuentran los jóvenes, ya que pesar de una mejora constante del nivel de vida en la UE, “los jóvenes no se benefician de esta evolución positiva tanto como las generaciones de más edad. Además, a lo largo del tiempo la participación de los grupos de edad más jóvenes en la renta del trabajo ha disminuido. Estos retos afectan a las decisiones de las parejas jóvenes, incluso en lo que respecta al hecho de tener hijos y de comprar una casa. A su vez, esto puede tener consecuencias negativas sobre las tasas de fertilidad y, en consecuencia, sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el crecimiento”.
- Y desde luego, la creación de empleo (y añado, la protección social) es un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia, ya que el deterioro de la situación económica y sus secuelas en el mundo del trabajo es el caldo de cultivo para la aparición y el auge de fórmulas políticas “milagrosas” que anuncian, habitualmente con retórica proteccionista y en más de una ocasión xenófoba, la solución a todos los problemas.
En uno de los últimos libros de Zigmunt Bauman (“Babel”, conversaciones con EzioMauro, Ed. Trotta, 2017), éste se manifestaba con una claridad al respecto que no merece síntesis por mi parte sino sólo reproducción de su parecer: “Quién ha perdido su trabajo por culpa de la crisis y ya no encuentra otra cosa a los cincuenta años podría decir algo terriblemente semejante sobre la democracia: no me ayudas, tus reglas áureas valen sólo en tiempos de bienestar, o bien valen sólo para los que tienen un seguro; nosotros, los excluidos, estamos fuera de todo, del procedimiento democrático concreto, y también de los derechos, porque sin libertad material no hay libertad política” (pág. 24). Con una lucidez que ojala tuvieran muchas personas mucho más jóvenes, Bauman ponía, en la última fase de su vida, el dedo en la llaga, al afirmar con meridiana claridad, que si la crisis “… ha llegado a donde nunca pudimos imaginar. Ha puesto en tela de juicio algunos de los derechos nacidos en el trabajo simplemente porque cuestan, como todos los derechos sociales, y por eso, en una fase de dificultades económicas y financieras, se convierten de improviso en variables dependientes y prescindibles. Para otros derechos eso no sería aceptable, pero para los del trabajo sí, como si estos fueran derechos pequeños, de segunda categoría, como si fueran sólo el fruto de una negociación o de una lucha, estos es, sensibles a la compatibilidad económica y sólo a ella, como una variable de la economía. Derechos ligados a una fase”.
¿Qué les parece si ponemos en relación estas reflexiones con algunas (¿muchas) resoluciones judiciales dictadas, no sólo en España, durante la última crisis? A buen seguro que la reflexión adquiere aún mayor significado.
- Voy concluyendo estas notas, redactadas teniendo como punto de referencias los datos mensuales de afiliación, empleo y desempleo, en las que he tratado de poner el acento en la importancia del aspecto cualitativo del trabajo y no sólo de las cifras. Sirva para concluir la referencia a un artículo publicado ayer en La Vanguardia por su redactora Raquel Quelart, cuyo título es el de una frase de una trabajadora de Contact Center, sector al que se dedica dicho artículo y las condiciones de trabajo de quienes prestan sus servicios en el mismo:“Eres un número, una silla, unapersona, sólo coge llamadas”.¿Es este el modelo de trabajo digno y decente del siglo XXI, el que propugna la OIT, o está más cerca del método taylorista de principios del siglo XX?
AUTOR Y MIS AGRADECIMIENTOS A EDUARDO ROJO Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Girona (UdG)
VER + EN: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/08/notas-sobre-trabajo-y-empleo-no.html?m=1
