En España, la especialización geográfica de la economía concentra, cada vez más, la creación de riqueza y empleo en determinadas zonas (ciudades y zonas costeras), con el riesgo creciente de despoblación de amplias áreas rurales y del interior del país.

Como señala la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico del 2019, la despoblación es un fenómeno generalizado que afecta al 50% de los municipios españoles en riesgo de despoblación (por debajo de 12,5 habitantes/km²). Este fenómeno incide con mayor intensidad sobre los municipios más pequeños y sobre las áreas menos pobladas. Según los datos publicados en este documento, desde el año 2001 al 2018 el 63% de los municipios perdieron población, aunque si se considera estrictamente el período 2011-2018, se pone de manifiesto que están perdiendo población más del 80% de los municipios.

En el 2020, el 90% de la población se concentraba en tan solo el 30% del territorio, mientras que el 10% de la población se repartía en el 70% del territorio restante. El 61% de los municipios españoles tienen menos de 1.000 habitantes, con lo que se encuentran en riesgo de extinción a medio plazo. Según Eurostat, 19 provincias españolas están entre las menos densas de Europa. La densidad poblacional más baja de toda España la tiene Castilla-La Mancha, con 25,69 habitantes/km², seguida por Castilla y León (25,97 habitantes/km²), Extremadura (26,13 habitantes/km²) y Aragón (27,42 habitantes/km²).

La brecha entre los ámbitos urbano y rural que se analiza en el presente informe tiene importantes y diversas consecuencias en términos sociales, económicos, medioambientales e, incluso, políticos. Sus efectos son diversos: a las tensiones territoriales que produce la brecha se les suman consecuencias demográficas, de convivencia social, de presiones sobre el estado del bienestar, etc. Entre estas consecuencias destacan el envejecimiento de la población, con más de mil municipios en los que no hay ningún menor de 5 años, así como la masculinización del territorio. En el 75% de los municipios españoles hay más hombres que mujeres y esta tendencia es mayor en los territorios con menor densidad.

 Destacan los efectos de la brecha territorial sobre las situaciones económicas y de vulnerabilidad de los hogares. Cuanto menores son los niveles de renta de los territorios más despoblados y rurales, más elevadas son las tasas de pobreza. El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil se pronunció a este respecto en el 2019: «la pobreza infantil adquiere tintes específicos en contextos no urbanos y, especialmente, en zonas despobladas». Así, en el 2019, la tasa de pobreza infantil pasaría del 25,1% en zonas muy pobladas al 28,7% en zonas intermedias y hasta el 34,3% en zonas poco pobladas.

Esta brecha provoca que las zonas rurales y del interior dejen de ser atractivas para muchos ciudadanos ante la falta de oportunidades laborales o de servicios públicos de calidad, especialmente para los jóvenes y las mujeres, dos de los colectivos que menos oportunidades encuentran en estas áreas.

Encontrar un equilibrio entre lo urbano y lo rural, entre el interior y el litoral, debería ser una prioridad política para que miles de ciudadanos no se vean obligados a abandonar su lugar de residencia por cuestiones ajenas a su voluntad. España presenta una brecha generacional que no es solo un problema del presente, sino también de nuestro futuro como sociedad. Por un lado, deben citarse los jóvenes que crecieron durante la crisis económica, que ahora se enfrentan a grandes dificultades para desarrollar sus proyectos vitales. Estos fueron el grupo más perjudicado por la recesión y están siendo los grandes olvidados en el reparto de las ganancias de la recuperación, en un contexto marcado por la incertidumbre, la revolución digital y la globalización. En el polo opuesto de la brecha generacional se sitúa el grupo de mayores de 65 años, un colectivo esencial para el mantenimiento de familias enteras y que han soportado mejor los efectos de crisis sobre su economía y su bienestar, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo ante la insuficiente revalorización de las pensiones.

En el momento actual debemos añadir que la covid-19 parece estar incidiendo tímidamente sobre el equilibrio entre lo rural y lo urbano, aunque es muy pronto para evaluar la magnitud de este impacto. El confinamiento, que está haciendo que parte de la población desee vivir más cerca de la naturaleza; el teletrabajo, impuesto a una buena parte de la población trabajadora; la pérdida de ingresos producto de los ERTE o incluso la pérdida del trabajo han hecho volver la mirada hacia los pueblos, con la visión de que en estos se gozará de mayor libertad, de un medio más saludable y de un estilo de vida más económico.

Si esta tendencia será un efecto permanente o si, por el contrario, una vez desaparecida la pandemia, la tendencia se revertirá, es algo que está por ver. El reto de atraer población a las zonas rurales está en marcha. El siguiente reto será arraigar a esta población y, para ello, no hay otra vía que cerrar la brecha en los servicios básicos y en las oportunidades laborales que ofrece el mundo rural.