Desde hace décadas, la ‘España vaciada’ vive un proceso paulatino de despoblación que deja tras de sí una herida en la sociedad del mundo rural.
Al analizar este éxodo hacia las zonas urbanas, uno se topa con que la población que permanece presenta dos rasgos fundamentales: está masculinizada y envejecida.
Dos de cada tres personas que emigran del campo a la ciudad son mujeres. Según el informe Despoblación, Reto Demográfico e Igualdad, el 50,96 % de la población española son mujeres y está repartido especialmente entre los municipios de más de 100.000 habitantes, mientras que se registra un déficit en los más pequeños. Como la mayor parte de los municipios del país poseen umbrales de población muy reducidos, la realidad es que gran parte del territorio nacional ha sufrido un proceso de masculinización a nivel interno.
A esto se suma que el 40 % de las mujeres que salieron de estos pequeños municipios tenía entre 16 y 44 años. España acaba viendo así cómo sus territorios menos poblados pierden a las mujeres jóvenes y con ellas, al futuro de la ‘España vaciada’.
Una doble función, una doble discriminación
La ‘España vaciada’ sufre el recorte de servicios tan básicos como la sanidad, la asistencia a las personas dependientes o la educación. Son las mujeres quienes asumen entonces una doble función: por un lado, se ocupan de suplir estos servicios, asimilando un rol de género tradicional como cuidadoras; por otro, van a trabajar a las explotaciones o negocios familiares.
«Después de los cuidados, van al campo, a ayudar al marido, al padre o al hermano en las tareas del día a día, sin ni siquiera tener peso en la toma de decisiones o recibir algo a cambio», cuenta María Sánchez en su libro Tierra de mujeres, donde habla de las figuras femeninas de su familia, siempre vinculada al campo, y sobre el feminismo en el ámbito rural.
Según el diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hay una escasa presencia de las mujeres en el mercado laboral rural. «Tienen que asumir una sobrecarga que afecta a la calidad de vida. (…) Esta situación las obliga a dejar sus trabajos«, explica a RTVE.es Paula Álvarez desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
En palabras de Álvarez, sufren las mismas discriminaciones que el resto de las mujeres de las áreas urbanas. Ellas también se enfrentan al techo de cristal y a la división tradicional de género del sector laboral, pero además tienen que afrontar las dificultades de un territorio desangrado al que le quitan los recursos.
El ya citado informe del Ministerio de Agricultura señala que esta falta de oportunidades es lo que pone en serio peligro la sostenibilidad y el futuro del medio rural español. Muchas optan por marcharse ante la doble discriminación de ser mujer y pertenecer a la ‘España vaciada’. Otras intentan crear sus propias oportunidades a través del emprendimiento.
Los retos de la mujer rural emprendedora
«Parece que la mujer empoderada tiene que ser la mujer ejecutiva superwoman en el asfalto y nos olvidamos que hay otras mujeres que están invisibilizadas», dice Álvarez. Muchas mujeres rurales están rompiendo barreras al lanzarse a emprender, pero también a liderar consejos de administración, cooperativas y organizaciones de pueblos. Buscan sus propias opciones para resistirse al éxodo, ya sea en el turismo, en el sector servicios o en el primario.
Desde FADEMUR cuentan que, a la hora de emprender en la España rural, hay obstáculos que no entienden de género: la brecha digital, los problemas de acceso a la formación y a un internet de calidad, o la tierra. Es por ello que desde su programa Ruraltivity -una plataforma de impulso de iniciativas de autoempleo- ayudan a hombres y mujeres por igual.
Sin embargo, sí que identifican varias diferencias. Una de ellas es la financiación. Un reciente informe del Banco de España titulado La brecha de género en el acceso al crédito bancario señala que las entidades bancarias conceden menos préstamos a empresas dirigidas por mujeres durante el primer año del negocio.
Ellas lo solicitan en menor medida y, además, la probabilidad de que lo obtengan es significativamente menor que en los hombres.»Reciben menos financiación aunque cuentan con índices de morosidad más bajos«, destaca Álvarez, que ve al heteropatriarcado de la propia estructura social como base del problema.
El sector agrícola y la titularidad compartida
«Las mujeres siguen siendo invisibles aunque estén ahí. Trabajan con ellos y no son titulares de la tierra. No toman decisiones. Pero trabajan todos los días» escribe María Sánchez.
El acceso a la tierra es fundamental para emprender en sectores como la agricultura y la ganadería. «En el medio rural, las mujeres de una determinada edad, de 50 en adelante, están casadas en bienes gananciales y no tienen ingresos propios», describe Mª Belén Ramiro Castro, de la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES).
Antes, por norma general, aparecía el varón como único responsable. «La mujer no cotizaba ni tenía la posibilidad de recibir el paro o la jubilación», dice Álvarez. Según el Ministerio de Agricultura, las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero generalmente los hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de «ayuda familiar». Esto las perjudica a la hora de acceder a prestaciones sociales como el desempleo o la pensión por jubilación.
Es por ello que en 2011 se creó la Ley de Titularidad Compartida, con la que se facilita que se compartan la gestión, la rentabilidad y los derechos de las explotaciones agrarias. Desde FADEMUR, sin embargo, señalan que la ley se dejó en manos de la administración y que ésta ha tardado mucho tiempo en abrir el registro para poder inscribirse. «Hemos pasado de tener que luchar por leyes de acceso a tener que hacerlo para que lo garanticen«.
Ramiro comenta que una opción es que se aplique la titularidad compartida por defecto y que sean las propias familias las que, en caso de no querer, lo comuniquen. «Si no hay que convencer individualmente a cada persona», argumenta, ya que ve que una gran mayoría de las mujeres «no identifica el problema».
«Hay que hacer ver que si los dos trabajan, los dos tienen derecho a cotizar» defiende Ramiro. Sin embargo, las explotaciones son mayoritariamente familiares y de pequeño tamaño, a las que no les es fácil afrontar los gastos. «Es un derecho y creemos que hay que buscar fórmulas para incentivar las ayudas, fórmulas que tengan en cuenta el tamaño y la productividad de la explotación», concluye.
Fuente: rtve.es/noticias
Fuente y agradecimientos: a través de @Aprodel_CLM
Puedes ver más en: http://aprodelclm.blogspot.com/2022/01/el-exodo-de-las-mujeres-pone-en-peligro.html
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