- La mejora de la funcionalidad del medio rural, para garantizar una prestación de servicios públicos en el territorio con criterios de equidad, es una de las prioridades de actuación recogidas en el ‘Reto País 8: Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico’.
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Informe de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
Desde su adopción en el año 2015, la Agenda 2030 supuso un punto de inflexión ante los retos que vive nuestro país y el conjunto de la comunidad internacional. Por primera vez, 193 países se pusieron de acuerdo no solo en señalar los grandes desafíos que tenemos por delante, como la pobreza, la desigualdad, la emergencia ambiental o la falta de trabajo decente, sino en destacar que es responsabilidad de todos y todas abordarlos para ponerles fin.
A partir de tres Directrices Generales, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 quiere contribuir a desarrollar las interacciones múltiples que se dan en cada uno de ellos. El Sistema de coherencia de políticas a través del despliegue de sus análisis proporcionará valoraciones útiles para la implementación eficaz e integral de toda la Estrategia. Así, a modo de definición, estos tres elementos constituyentes de la Estrategia de Desarrollo Sostenible son:
- RETOS PAÍS: los retos país son los desafíos a los que nos enfrentamos actualmente y que se deben abordar y solucionar para cumplir con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata, por tanto, de una caracterización de la situación actual, identificando aquellas problemáticas de mayor calado que están presentes en nuestro país. Los retos de país comparten, además, dos características fundamentales: son estructurales en lugar de coyunturales (aunque una situación específica puede, por ejemplo, acentuarlos) y tienen un impacto muy relevante en los distintos objetivos y metas que componen la Agenda 2030.
- POLÍTICAS ACELERADORAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: las políticas aceleradoras son aquellas que sirven para dibujar en nuestro país el horizonte que señala la Agenda 2030, solucionando los grandes retos identificados. Por tanto, por su propia definición, no son políticas específicas que abordan algunas de las problemáticas de cada reto, sino que son el marco amplio de acciones que da respuesta al desafío en toda su complejidad. Además, estas políticas aceleradoras tienen una visión de medio y largo plazo y deben tener una gran capacidad de transformación e impacto múltiple, afectando a varias metas y objetivos de la Agenda 2030.
- PRIORIDADES DE ACTUACIÓN: las prioridades de actuación se corresponden con aquellas áreas concretas dentro de la política aceleradora que sirven para dar respuesta a aspectos específicos del reto de país. Estas prioridades focalizan las acciones que deben llevarse a cabo, y deben ser impulsadas y desarrolladas desde el ámbito público teniendo en cuenta el imprescindible papel del resto de actores implicados (sociedad civil, sector privado, academia, etc.).
Reto País 8: Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico
El fenómeno de la despoblación, que afecta particularmente a las zonas rurales de nuestro país, también se explica por el desplazamiento de la población más joven, especialmente las mujeres, hacia poblaciones de mayor tamaño, zonas semiurbanas y urbanas que ofrecen mejores oportunidades de empleo y de servicios públicos. Ello genera una progresiva masculinización del territorio y amplía la brecha de desigualdad que afecta a aquellas mujeres que viven y quieren desarrollar sus proyectos personales y profesionales en el medio rural.
POLÍTICA ACELERADORA: COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. UN MEDIO RURAL CON IGUALES DERECHOS Y OPORTUNIDADES
La urgencia de ofrecer soluciones ante el reto demográfico que afecta particularmente a las áreas en riesgo de despoblación cuenta con un amplio consenso social y político que es preciso abordar con carácter transversal, pero también como reto país específico en el marco de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
Como parte de las actuaciones para hacerle frente, se está trabajando en la definición de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, como herramienta para contribuir a garantizar la cohesión social y territorial, así como hacer efectiva la igualdad de derechos y oportunidades sin que puedan existir diferencias en función de la edad o el lugar en el que se resida. Se dirige a todo el territorio, de forma que sea posible conectar el medio urbano con el rural y se busquen soluciones que contribuyan a la protección del entorno, así como a fijar una población a la que puedan ofrecerse oportunidades de desarrollo social y económico sostenibles.
En las medidas para abordar el reto demográfico, las ciudades intermedias o pequeñas capitales de provincia juegan un papel esencial para lograr la dinamización de los espacios en riesgo demográfico, tal y como se pone de manifiesto en la Agenda Urbana Española. Se busca así reforzar las relaciones entre las ciudades y el medio rural, generando oportunidades y valor añadido como contribución a la cohesión social y territorial.
La pérdida de población, el tamaño de los núcleos o la baja densidad poblacional no pueden justificar una inadecuada funcionalidad de los territorios. El Estado, a través del concurso del conjunto de las Administraciones públicas, debe garantizar el acceso a servicios públicos de calidad por parte de la ciudadanía. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben ejercer además un rol de liderazgo para la generación de oportunidades económicas, laborales, o de ocio en el territorio, en colaboración con la iniciativa privada. En ello, el despliegue de la transición ecológica en ámbitos como las energías renovables, el cuidado y custodia del territorio o la reconstrucción de infraestructuras verdes, entre otros, puede jugar un papel esencial para la revitalización de todos los territorios independientemente de su tamaño o de su población. En definitiva, afrontar el reto demográfico implica posibilitar el desarrollo de los proyectos personales y profesionales de todas las personas, garantizando la libertad de residencia y atendiendo particularmente a la situación de desventaja en términos de igualdad efectiva que enfrentan las mujeres en el medio rural.
Prioridades de actuación
- Mejora de la funcionalidad del medio rural, para garantizar una prestación de servicios públicos en el territorio con criterios de equidad.
- Impulsar procesos de dinamización socioeconómica, de raíz endógena, basados en la sostenibilidad y las oportunidades que ofrece la digitalización, generando ecosistemas de inteligencia territorial colectiva en áreas rurales y pequeñas ciudades.
- Eliminar las brechas de género derivadas del reto demográfico, relacionadas con la masculinización del territorio, la falta de oportunidades para las mujeres en el ámbito rural y en las zonas en declive demográfico, el envejecimiento de la población y la sobrecarga de los cuidados que asumen las mujeres, así como la violencia de género.
- Fomentar la articulación de la población urbana con los espacios rurales, atractivos para la residencia habitual o temporal, aumentando y poniendo en valor el capital social de estas áreas con la llegada de nuevos perfiles profesionales, y facilitando nuevas formas de arraigo y vínculo que generen actividad y empleo en el territorio
FUENTE Y AGRADECIMIENTOS A: RED DE DESARROLLO RURAL
