Correos usará sus oficinas para gestiones de Tráfico, Hacienda y como banco en pueblos sin sucursales

Correos utilizará su red de 2.396 oficinas en toda España para realizar trámites administrativos de organismos públicos, Hacienda o Dirección General de Tráfico y de empresas privadas como bancos, según ha anunciado este martes el presidente de la empresa pública postal, Juan Manuel Serrano. Se trata de seguir el ejemplo del acuerdo llevado a cabo con la DGT para la distribución de más de un millón de distintivos medioambientales en las oficinas de Correos que ha tenido lugar estas navidades. “Todo lo que quieran realizar las Administraciones Públicas o las empresas privadas lo podemos asumir”, ha anunciado Serrano.

Entre esas gestiones figuran la tramitación de licencias como las de pesca o caza, la entrega de documentos para responder a los requerimientos de Hacienda sin tener que acudir a la sede ni pedir cita previa o la renovación del carné de conducir.

En el sector privado, el proyecto más ambicioso es que Correos se convierta en agente bancario en aquellas localidades pequeñas que han visto desaparecer las sucursales por falta de rentabilidad. En las mismas, la entidad pública, a través de sus oficinas, daría servicios de entrega de efectivo, apertura de cuentas corrientes y otros trámites más habituales, aunque Correos renuncia a ser un banco (no tendría licencia del Banco de España). Serrano aclaró que ya están en negociaciones con varias entidades bancarias para poner en marcha este proyecto.

«Mientras la banca está retirando su capacidad, sus oficinas, en Correos ocurre al revés y busca ampliar los servicios que ofrece a sus ciudadanos», declaró el presidente de Correos. La sociedad pública ya realizó servicios bancarios durante 16 años en virtud de una alianza con Deutsche Bank que concluyó en 2017, aunque en el nuevo proyecto no habrá exclusividad.

El que fuera jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,anunció los planes de Correos para interncionalizarse con Portugal y el sudeste asiático como primeros lugares donde iniciar la expansión para lograr la rentabilidad en el menor tiempo posible. En el ámbito nacional, la estrategia empieza por dar servicio a nivel peninsular con la red más eficiente de paquetería para cubrir cualquier envío en la península Ibérica en menos de 24 horas.

En 2019, la previsión es que la cifra de negocio de Correos suba hasta los 1.966 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al pasado ejercicio (1.784 millones).

Subvenciones públicas

Para lograr ese objetivo de rentabilidad, la empresa debe negociar con el Gobierno las contraprestaciones del Servicio Postal Universal (SPU), el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios. El Estado encomendó a Correos la prestación del SPU en 2010 por un periodo de 15 años (hasta 2025, inclusive), a cambio de una contraprestación prevista en los Presupuestos Generales del Estado, pero nunca se llegó a firmar por lo que las subvenciones anuales son aleatorias y  no siempre ha seguido “una evolución coherente”, según Correos.

De hecho, en el ejercicio 2018, Correos solo ha recibido 120 millones (lo que representa el 6,7% del total de facturación), una cifra 60 millones menor que la que estaba prevista inicialmente; y para 2019 recibirá 150 millones.

Por lo tanto, otro de los puntos clave para Correos en esta nueva etapa se sitúa, precisamente, en lograr una financiación suficiente y estable para ofrecer ese servicio universal. Actualmente la Comisión Europea está revisando la metodología de cálculo de su coste neto. Una metodología propuesta por el Ministerio de Fomento y que forma parte del plan de prestación de servicios postales previsto en la ley postal de 2010. Una vez que ese plan sea aprobado y aplicado, mediante un contrato regulador entre el Gobierno y Correos, la compañía tendrá la capacidad de acometer su futuro con mayor seguridad y confianza, con la certeza de unos ingresos estables estipulados de acuerdo con el marco europeo.