Hay ocasiones en las que la falta de luz deja ver el mundo más claramente. Ocurre en la legislación española, donde la ausencia de transparencia en el proceso legislativo deja a menudo a entender que hay algo escondido, oculto o sucio. Intereses no declarados, intercambios de favores o incluso corrupción.
Es este el escenario que dibuja el primer informe de Transparencia Internacional sobre el lobby en España, presentado esta semana en Madrid. Es el resultado de seis meses de trabajo de un grupo de investigadores, académicos y profesionales en este ámbito. Los lobistas, aseguran, son«verdaderos actores, en muchos casos protagonistas, del sistema político». Sin embargo, su figura no está regulada y su actuación no es transparente.
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados aseguraba, el pasado martes, haber alcanzado un acuerdo para reformar el Reglamento de la Cámara Baja. Un logro que incluiría una regulación «de los grupos de interés de la sociedad civil o de las empresas que tengan algo que decir porque les afecta alguna regulación legislativa, los denominados lobbys, pues hemos de regular quiénes pueden ser y los límites que tienen que tener». Fuentes cercanas al acuerdo aseguran que se está manejando un registro voluntario de lobistas. La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, por su parte, insiste en que debería ser obligatorio.
A la espera de que el reglamento tome forma, el informe de Transparencia Internacional (TI) recoge, con mucho detalle, una decena de ejemplos de cómo un lobby desregulado y no profesionalizado ha influido en los recientes proceso legislativos españoles. Desde las leyes ‘promovidas’ por el sector eléctrico hasta el reparto de la TDT, pasando por el ‘cierre’ de Garoña y el caso Bankia.
1. Eléctricas al poder
Mariano Rajoy, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) y Alberto Ruiz-Gallardón. (Efe)
«Para comunicarse con la Administración, la industria ha optado tradicionalmente por una interlocución basada en un diálogo directo con los altos niveles de decisión política», destacan los autores del informe. «Para ello, ha apostado por la estrategia de contratar a ex altos cargos de la Administración, esperando así agilizar sus relaciones con el gobierno y obtener estabilidad jurídica».
Esta forma de actuar quedó patente durante la formulación de la Ley del Sector Eléctrico y del Real Decreto sobre Autoconsumo. Un período de información de la ley presentado «con urgencia» antes del período vacacional, los informes negativos de las Comisiones de Competencia y un «régimen discriminatorio y restrictivo» hacia el sector de las renovables dejaron entrever la mezcla de intereses del sector. “La ausencia de regulación de la práctica del lobby ha podido provocar que se regule escuchando más a unos que a otros, llegando incluso a establecerse medidas en contraposición con las directivas europeas de energías renovables y eficiencia», señala el informe de TI.
A día de hoy, España es el país con las tarifas eléctricas más altas de la UE. Y, en 2010, cuando ya estaba en marcha el régimen de ayudas a las renovables, recuerda el estudio, la rentabilidad de los activos de las compañías eléctricas más importantes de España se situaba en un 4,1%, por encima de las otras potencias eléctricas de Europa. No por casualidad, «la imagen de las compañías eléctricas ha quedado también muy dañada, tras un proceso de toma de decisiones de gran interés e impacto público, que ha resultado sin embargo muy opaco a ojos de la ciudadanía».
200 personas piden el cierre de Garoña en las puertas de la central.
El cierre de la central nuclear, propiedad al 50% de Iberdrola y al 50% de Endesa, fue anunciado en 2009 por Miguel Sebastián, Ministro de Industria del Gobierno de Zapatero. 2012 habría sido su último año de actividad. Nucleonor, propietaria titular de la central, recurrió la decisión, y el 29 de junio de 2012 el nuevo ejecutivo del PP publicaba una orden que allanaba el campo a una nueva apertura.
Pero con un obstáculo: nuevos impuestos sobre producción y almacenamiento de la energía creada. El litigio entre la empresa y el Gobierno acabó con la llegada de Alberto Nadal a la secretaría de Estado. Siete meses después de que anunciara el cese definitivo de su actividad, el Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno a que la central se mantuviera en la condición de «parada». De paso, el Gobierno aprovechó la tramitación de la Ley de Fiscalidad Medioambiental en el Congreso para reducir las cargas fiscales al tratamiento de residuos radiactivos. Una medida, esta, aplaudida por Nuclenor.
A comienzos de 2014, tras la modificación del Reglamento de las Instalaciones Nucleares y Radiactivas, la empresa solicitaba una nueva licencia para poner en marcha la central y ampliar su vida útil hasta 2031. «De esta manera, las eléctricas habrían ganado el pulso al Ejecutivo, demostrando que contaban con que Garoña era una pieza clave en la apuesta nuclear del Gobierno», subraya TI.
3. Propiedad Intelectual
José Ignacio Wert. (Reuters)
Recién sentado en su sillón de ministro de Educación, Cultura y Deporte, elministro peor valorado de la legislatura anunció, en marzo de 2013, elAnteproyecto de Ley para modificar la Ley de Propriedad Intelectual. Tras unaconsulta pública de menos de un mes, «período realmente corto para actores que no estuviesen plenamente preparados para analizar en profundidad la norma», según TI, y sin hacer públicas las opiniones de las instituciones consultivas estatales sobre el anteproyecto, se vivieron diez meses de incertidumbre. En este período «todos los actores implicados o interesados tienen reuniones con el ministerio o con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, además que con el de Economía o con la Secretaría de Estado de Comunicación”, han señalado las fuentes consultadas a los investigadores que han elaborado informe.
Sin que se tuviera noticia del desarrollo del proceso de modificaciones, en febrero de 2014, el Consejo aprobó una reforma parcial de la Ley de Propriedad Intelectual. Y, de paso, incluyó un artículo que afectaba a losagregadores de contenidos. Tras entrar en el Congreso, se introdujo el artículo 32.2, que favorece a los editores de medios de comunicación, la AEDE. Un informe de la CNMC elaborado a petición propia, en cambio, respaldaba la opinión de los agregadores.
Según TI, el punto clave de este proceso ha sido que «no se desarrolló con publicidad ni con consultas y participación suficiente de todos los actores afectados por la medida». Con la consecuencia de que «la opacidad de las negociaciones acabó favoreciendo a una de las partes del conflicto». Por ahora, a la más poderosa.
4. Varicela y salud pública
Las políticas de salud pública para la prevención de enfermedades suponen en España un 0,5% del PIB, según datos de la OCDE. Y es aquí -en cuidarse antes de ponerse malo, y no al revés- donde entra en juego la actividad de loslobbies. El debate generado alrededor de la vacuna de la varicela así lo ha demostrado.
Su uso, en España, quedó supeditado a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para menores de doce años. Una decisión que la empresa productora de la vacuna no compartió. Y, por ello, impulsó un gran consumo en niños menores en el ámbito privado, sin seguir las recomendaciones oficiales. Hasta el punto de que, según datos del sector, en España se utiliza un porcentaje de dosis por cada nacido muy por encima del que se da en Francia o Reino Unido. La decisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de limitar su uso a los ámbitos hospitalarios no gustó a la farmacéutica, que recurrió judicialmente la decisión.
Pero el éxito comercial de la vacuna, que también reside en su precio libre, se vio marcado por su promoción entre determinadas sociedades médicas. Un papel fundamental, destaca TI, «lo jugó el Consejo Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría (…). Sus miembros han colaborado más o menos intensamente con industrias productoras de vacunas, por ejemplo en actividades docentes subvencionadas, investigaciones financiadas y participación en consejos asesores de la industria». Una situación que deja fuera de juego la imparcialidad y la independencia de este consejo y evidencia la «falta de reglas sobre conflictos de intereses de las organizaciones que deseen hacer recomendaciones sobre salud pública».
5. Concesión de licencias TDT
Aprobado por el Gobierno, tumbado por la Justicia. El reparto de la TDT que llevó a cabo el Gobierno de Zapatero en julio de 2010 en el ámbito estatal asignó cuatro canales digitales a cada una de las empresas que ya estaban controlando el sistema analógico: Antena 3, Gestevisión Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, NET TV y La Sexta.
Una decisión que tomó el Consejo de Ministros, sin acuerdo ni concurso público previo y sin plantear estudios de impacto ni período de consultas o participación. Tampoco se llevó a cabo un proceso de consultas a la CNMC o al Consejo de Estado. «Un proceso sin tener en cuenta a otros competidores y sin consulta previa ofrece muchas dudas», explica TI.
En 2010, el Tribunal Supremo estimó el recurso llevado a cabo por Gestión 2002, S.L. y declaró nulo el acuerdo del Consejo: «El Gobierno no respetó la ley audiovisual y dio canales adicionales sin concurso público».
6. Las cajas de ahorro y el lobby público
Cajero de una oficina de Novagalicia, en 2013. (Efe)El lobby público en las cajas de ahorro ha dado para escribir más de un libro. Pero el informe de TI ofrece un detallado repaso de cómo los barones regionales de PP y PSOE intentaron tirar cada uno por su lado. Y de cómo quedaría en entredicho también el Banco de España. Solo en 2011 se supo que cinco años antes la actividad supervisora del Banco de España sobre las cajas no llegaba a las entidades correspondientes. Se quedaba en simple papeleo sin objetivos.
Las advertencias no escuchadas del gobernador del BdE, Jaime Caruana, al ministro Pedro Solbes (recogidas en El hundimiento de la banca, del periodista Íñigo de Barrón) y las «insuficientes garantías de independencia» de su sucesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, fueron la guinda a una situación que explotó con el rescate de Caja Castilla La Mancha.
Durante la elaboración de los reales decretos ‘anticrisis’ «fueron habituales los encuentros de los consejeros de las cajas y de políticos autonómicos con el gobierno central», contó un diputado nacional, bajo anonimato, a los investigadores de TI. «La presión que ejercieron las CCAA para reestructurar el sector, según los intereses del partido en el gobierno en cada una de ellas, condenaron los reales decretos a ser meros parches que no abordaban con rigor la problemática de las cajas», subraya el informe.
Los casos Novagalicia Banco y Caixa Catalunya han sido los últimos ejemplos de «cómo triunfó en ocasiones el interés partidista frente al interés general».
7. El caso Bankia
Rodrigo Rato, en una comparecencia ante el Parlament de Cataluña, en 2013. (Efe)
En el caso Bankia «se puede intuir cómo el lobby financiero desarrolló una serie de influencias indebidas que contribuyeron al desastre». Así de tajante se muestra el informe de TI en un caso de lobby que tuvo su clímax en unaportada del diario El País de mayo de 2014, en la que se desvelaba la presión de Estados Unidos sobre el Gobierno de Rajoy para que interviniera en Bankia.
La historia de la caída del banco se remonta a 2010, cuando Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, pedía al FROB un préstamo de 4.465 millones de euros para sanear sus cuentas. Era el comienzo de un proceso que acabó en la creación de BFA-Bankia.
Tras su salida a bolsa y los 3.300 millones de pérdidas registrados en 2011, debidos al ingente volumen de activos tóxicos, llegó la dimisión de Rato. Y, meses después, la nacionalización de Bankia. Un proceso que se cerraría solo tras la inyección de 22.424 millones de dinero público en la entidad.
Fue solo entonces cuando salieron a la luz las cifras reales presentadas por los inspectores del Banco de España. Dejaron de manifiesto «la falta de fundamento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Ejecutivadel Banco de España y de la autorización de préstamo». Los inspectores, además, denunciaron que «la influencia de la industria ha modulado la actual supervisión (y) se ha relajado la aplicación de medidas correctivas sobre deficiencias observadas por los inspectores».
«Parece que los grandes bancos españoles influyeron para que no se desvelaran los graves desajustes económicos de la entidad», señala el equipo de TI. «La estrategia de ocultamiento del Banco de España estaba influida por el interés de los grandes bancos», concluye el informe.
AUTOR: Daniele Grasso
FUENTE: http://www.elconfidencial.com/
