Laicidad: cuando la fe entra en el Estado

Artículo de opinión y análisis democrático

Introducción: respeto a la fe, defensa del Estado común

La visita del Papa a España y, especialmente, su presencia institucional ante las Cortes Generales, obliga a abrir un debate que no debe plantearse desde el insulto, la provocación gratuita ni el enfrentamiento simple entre creyentes y no creyentes. El debate es mucho más serio. Es democrático, constitucional, social y profundamente ético.

No se trata de atacar a las personas creyentes. No se trata de negar el derecho de nadie a vivir su fe, practicar su religión, celebrar sus ritos o sentirse representado espiritualmente por una autoridad religiosa. Ese derecho debe ser protegido con absoluta claridad. Precisamente por eso, porque la libertad religiosa es un derecho fundamental, debe ser defendida frente a su mayor riesgo: convertirse en privilegio institucional, en poder simbólico del Estado o en herramienta de legitimación política.

La cuestión no es si el Papa puede visitar España. Por supuesto que puede. Como líder religioso, como jefe del Estado Vaticano, como figura internacional o como referente espiritual para millones de personas. La cuestión es otra: qué significa que una autoridad religiosa sea recibida con una centralidad institucional que puede hacer confusa la separación entre el espacio público de todos y la representación simbólica de una confesión concreta.

España no es un Estado confesional. España no tiene religión oficial. España no pertenece a una Iglesia, a una confesión, a una jerarquía espiritual ni a una moral religiosa determinada. España pertenece a su ciudadanía: creyente, no creyente, atea, agnóstica, indiferente, espiritual sin religión, crítica, plural y diversa.

Y ahí está el punto esencial: una democracia madura no se mide por cuánto honra a una religión mayoritaria, sino por cómo protege por igual a quien cree, a quien duda y a quien no cree.

No es un artículo contra creyentes: es un alegato por la libertad de conciencia

Conviene decirlo desde el principio, de forma clara y sin trampas: este artículo no va contra las personas creyentes. No va contra quienes rezan, acuden a misa, celebran su espiritualidad, educan su vida desde una fe o encuentran en la religión una fuente de consuelo, comunidad y sentido.

La fe, cuando es libre, íntima y respetuosa, forma parte del patrimonio emocional y moral de muchas personas. Y eso merece respeto.

Pero una cosa es respetar la fe y otra muy distinta es aceptar que una confesión religiosa ocupe un lugar preferente en el relato institucional del Estado. Una cosa es proteger el derecho de culto y otra convertir una autoridad religiosa en protagonista simbólico de las instituciones democráticas. Una cosa es reconocer la diversidad espiritual de la sociedad y otra mantener inercias históricas que colocan a una religión en una posición de superioridad pública.

• La libertad religiosa no exige reverencia institucional. Exige garantías jurídicas.
• La libertad religiosa no necesita privilegios. Necesita igualdad.
• La libertad religiosa no debe estar por encima de la libertad de conciencia. Debe convivir con ella.

Porque el mismo derecho que protege a quien cree protege también a quien no cree. El mismo marco democrático que permite profesar una religión debe proteger la posibilidad de no profesar ninguna. El mismo Estado que garantiza el culto debe garantizar que nadie se sienta ciudadano de segunda por no participar de una determinada tradición religiosa.

• Creer es un derecho.
• No creer también.
• Cambiar de creencia también.
• Abandonar una religión también.
• Vivir sin ninguna fe también.

Y este último punto suele olvidarse demasiado: la libertad de conciencia no es una concesión menor para ateos, agnósticos o personas no religiosas. Es parte nuclear de una sociedad democrática.

España: Estado aconfesional, ciudadanía plural

La Constitución Española reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto. Pero también establece una frontera esencial: ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Esa frase no es decorativa. No es un adorno jurídico. No es una fórmula ambigua para seguir haciendo lo mismo de siempre con otro lenguaje. Es una decisión democrática de enorme profundidad: el Estado no puede identificarse con una religión.

La aconfesionalidad del Estado no significa perseguir religiones. Tampoco significa ignorar que existen creencias religiosas en la sociedad. Significa que el poder público no puede confundirse con ninguna de ellas.

Un Estado democrático puede cooperar con confesiones religiosas cuando exista interés social, respeto a la igualdad y garantía de derechos. Pero cooperar no es subordinarse. Cooperar no es privilegiar. Cooperar no es entregar el corazón simbólico del Estado a una confesión concreta. Cooperar no es colocar una fe en el centro de la representación institucional de toda la ciudadanía.

• La neutralidad institucional no es frialdad. Es justicia.
• La neutralidad institucional no es desprecio a la religión. Es respeto a todas las conciencias.
• La neutralidad institucional no es anticlericalismo. Es madurez democrática.

Cuando las instituciones públicas se comportan como si una religión representara moralmente al conjunto de la ciudadanía, se produce una distorsión. No porque esa religión no sea importante para muchas personas, sino porque no representa a todas. Y el Estado debe representar a todas.

• A creyentes católicos.
• A creyentes musulmanes.
• A creyentes evangélicos.
• A creyentes judíos.
• A personas budistas.
• A personas con espiritualidades propias.
• A personas agnósticas.
• A personas ateas.
• A quienes no quieren definirse.
• A quienes simplemente viven sin religión.

Un Parlamento no es una catedral. Un hemiciclo no es un altar. Una Constitución no es un catecismo. Una ciudadanía adulta no necesita bendición para ejercer sus derechos.

La visita del Papa y el problema democrático de la centralidad institucional

Que el Papa visite España puede ser un acontecimiento religioso, diplomático, social o mediático. Eso, por sí mismo, no plantea necesariamente un problema democrático. El problema aparece cuando esa visita se transforma en un acto de alta centralidad institucional, con presencia en las Cortes Generales, tratamiento de excepcionalidad simbólica y una escenificación que puede transmitir una idea peligrosa: que una autoridad religiosa tiene un lugar preferente en la casa común de la soberanía popular.

El Papa no es solo un jefe de Estado. Es también la máxima autoridad de una confesión religiosa concreta. Esa doble condición exige una prudencia institucional extrema. Si se le recibe exclusivamente como jefe de Estado, debe evitarse toda escenificación de adhesión religiosa. Si se le recibe como líder espiritual, entonces el problema democrático se vuelve aún más evidente: las Cortes Generales no son el espacio de una fe, sino el espacio de la ciudadanía.

• La pregunta no es si el Papa merece respeto. Lo merece.
• La pregunta no es si los católicos tienen derecho a celebrar su visita. Lo tienen.
• La pregunta no es si la Iglesia católica tiene relevancia histórica, cultural y social en España. La tiene.

La pregunta democrática es otra:

¿Debe el Estado otorgar una centralidad institucional extraordinaria a una autoridad religiosa en un país constitucionalmente aconfesional?

Mi posición es clara: no debería.

Y no debería hacerlo con el Papa, ni con un patriarca ortodoxo, ni con un gran imán, ni con un rabino principal, ni con un líder evangélico, ni con ninguna autoridad espiritual de ninguna confesión.

Porque el problema no es el catolicismo en sí. El problema es el poder religioso ocupando el escenario institucional del Estado.

Hoy puede ser el Papa. Mañana podría ser cualquier otro líder religioso. Y el principio democrático debe ser el mismo: respeto absoluto en el ámbito civil y social; neutralidad estricta en el ámbito institucional del Estado.

Laicidad no es odio a la religión: es protección frente al privilegio

Uno de los grandes errores del debate público consiste en presentar la laicidad como una forma de hostilidad hacia la religión. Es una simplificación interesada.

• La laicidad no odia la religión.
• La laicidad protege a las religiones entre sí.
• La laicidad protege a la persona creyente frente a otras religiones dominantes.
• La laicidad protege a la persona no creyente frente a imposiciones morales.
• La laicidad protege al Estado frente a la captura espiritual.
• La laicidad protege la convivencia frente al dogma.

Un Estado laico o estrictamente aconfesional no dice a nadie qué debe creer. Precisamente por eso es más libre. Porque no impone una verdad oficial. Porque no convierte una moral religiosa en marco general de ciudadanía. Porque no obliga a nadie a sentirse representado por símbolos, autoridades o discursos que pertenecen a una confesión determinada.

La laicidad es una arquitectura de convivencia.

Es el muro democrático que impide que una creencia se convierta en norma para todas las personas.

Es la garantía que permite que una persona católica pueda vivir su fe sin miedo, que una persona musulmana no sea discriminada, que una persona judía no sea señalada, que una persona evangélica pueda reunirse, que una persona atea no sea tratada como sospechosa moral, y que una persona agnóstica no tenga que explicar por qué duda.

La laicidad no elimina la espiritualidad. Elimina el privilegio.

La laicidad no expulsa la fe de la sociedad. Impide que la fe capture el Estado.

La laicidad no prohíbe creer. Impide imponer.

El derecho a no creer: la parte olvidada de la libertad religiosa

En España se habla mucho del derecho a creer. Se habla menos del derecho a no creer. Y esto es profundamente significativo.

Durante décadas, muchas personas no creyentes han tenido que vivir su posición filosófica casi como una anomalía social. Como si no creer fuera una carencia. Como si el ateísmo, el agnosticismo o la indiferencia religiosa fueran formas incompletas de vida moral. Como si la ética necesitara una confesión para ser válida.

• Eso es falso.
• Una persona puede vivir sin religión y tener una vida profundamente ética.
• Puede no creer en Dios y defender la dignidad humana.
• Puede no participar de ningún culto y comprometerse con la justicia social.
• Puede no rezar y cuidar a los demás.
• Puede no confesarse y revisar críticamente sus errores.
• Puede no esperar una vida eterna y, precisamente por eso, valorar aún más esta vida concreta, frágil, humana y compartida.
• El derecho a no creer es un derecho individual. No una provocación. No una amenaza. No una ofensa. No una moda. No un vacío espiritual que deba ser corregido.
• Es una forma legítima de estar en el mundo.

En una democracia avanzada, nadie debería tener que justificar su ausencia de religión. Nadie debería sentirse menos español, menos digno, menos moral o menos humano por no participar de una fe. Nadie debería entrar en una institución pública y sentir que el Estado habla en nombre de una tradición religiosa que no comparte.

La libertad de conciencia exige igualdad simbólica.

Y la igualdad simbólica exige que el Estado no actúe como si una confesión fuera el idioma espiritual de todo el país.

Una sociedad que ya no cabe en una sola religión

La España de hoy no es la España de hace cincuenta años. Ni social, ni cultural, ni moral, ni espiritualmente.

Los datos sociológicos muestran una sociedad mucho más plural, más secularizada y más diversa. El catolicismo continúa teniendo presencia social, histórica y cultural, pero ya no puede confundirse con la identidad total de España. Hay millones de personas que no se adscriben a ninguna religión, que se declaran ateas, agnósticas, indiferentes o no creyentes.

Esa ciudadanía existe.

• Trabaja.
• Vota.
• Educa.
• Cuida.
• Paga impuestos.
• Participa en la vida pública.
• Sostiene servicios públicos.
• Acompaña a familias.
• Construye comunidad.
• Y tiene exactamente el mismo derecho a sentirse representada por las instituciones.

No se trata de enfrentar números. Incluso si las personas no creyentes fueran una minoría pequeña, sus derechos deberían ser protegidos. Los derechos fundamentales no se someten a plebiscito religioso. Pero cuando además hablamos de una parte muy amplia de la ciudadanía, la cuestión se vuelve todavía más evidente: el Estado no puede seguir funcionando con una simbología pública heredada de una sociedad que ya no existe en esos términos.

• Una democracia no puede caminar mirando solo al pasado.
• Tiene que mirar a la sociedad real.
• Y la sociedad real es plural, mestiza, diversa, secularizada, contradictoria y libre.

Cuando la religión se convierte en poder prostituido

Aquí hay que hablar claro, con respeto, pero sin ingenuidad.

La fe personal puede ser limpia. La espiritualidad íntima puede ser profundamente honesta. La vida comunitaria religiosa puede generar apoyo, sentido y vínculos valiosos. Pero el poder religioso, cuando se mezcla con privilegio, dinero, influencia política, control moral y acceso preferente a las instituciones, se degrada.

Y cuando se degrada, deja de ser acompañamiento espiritual para convertirse en estructura de dominio.

El poder de las religiones, históricamente, ha sido utilizado demasiadas veces para justificar guerras, someter cuerpos, controlar mujeres, perseguir disidencias, señalar diversidades, bendecir jerarquías, acumular patrimonio, proteger abusos o legitimar decisiones políticas que nada tenían de espirituales.

• Esto no significa que toda religión sea abuso.
• No significa que toda persona creyente sea cómplice.
• No significa que toda organización religiosa actúe de mala fe.
• Pero sí significa que una democracia debe ser especialmente vigilante cuando una estructura religiosa adquiere poder público.

Porque el poder, cualquier poder, necesita límites.

• El poder político necesita límites.
• El poder económico necesita límites.
• El poder mediático necesita límites.
• Y el poder religioso también.

Cuando una religión se reviste de intocabilidad moral, cuando se coloca por encima de la crítica, cuando confunde discrepancia con persecución, cuando utiliza la culpa o el miedo para condicionar vidas, cuando pretende influir en derechos civiles de toda la población, cuando exige presencia privilegiada en espacios públicos, entonces la democracia tiene la obligación de responder.

• No con odio.
• No con censura.
• No con persecución.

Sino con algo mucho más contundente: igualdad, transparencia, neutralidad y pensamiento crítico.

La institución pública no debe potenciar el poder religioso

Las instituciones públicas tienen un deber básico: no aumentar artificialmente el poder simbólico de ninguna confesión.

Ese deber es especialmente importante en una sociedad donde las religiones ya cuentan con estructuras propias, templos, medios, redes, centros educativos, fundaciones, patrimonio, presencia cultural y capacidad de influencia. No necesitan que el Estado les preste además el escenario de la soberanía popular.

Cuando una autoridad religiosa ocupa el centro institucional, no se limita a “estar presente”. Su presencia comunica. Y en política, la escenografía importa.

• Comunica jerarquía.
• Comunica reconocimiento preferente.
• Comunica cercanía entre poder público y poder religioso.
• Comunica continuidad histórica.
• Comunica legitimación.

Y también comunica exclusión a quienes no forman parte de esa tradición.

Por eso, desde una perspectiva democrática, no basta con decir que “es solo un acto protocolario”. Los símbolos públicos nunca son solo protocolo. Los símbolos educan. Los símbolos ordenan. Los símbolos dicen quién está en el centro y quién queda en los márgenes.

Una ciudadanía no creyente puede preguntarse legítimamente:

• ¿Dónde queda mi libertad de conciencia cuando mi Parlamento se convierte en escenario solemne de una autoridad religiosa?
• ¿Dónde queda la neutralidad del Estado cuando una confesión recibe una centralidad que ninguna otra convicción filosófica tiene?
• ¿Dónde queda la igualdad cuando lo religioso sigue recibiendo un trato simbólico superior a lo secular, lo humanista, lo agnóstico o lo ateo?

Estas preguntas no son ataques. Son preguntas democráticas.

• Y una democracia sana no teme las preguntas.

Cortes Generales: soberanía popular, no consagración simbólica

Las Cortes Generales representan al pueblo español. No representan a una confesión. No representan una moral religiosa. No representan una tradición espiritual concreta. Representan la soberanía popular, expresada a través de la pluralidad política.

Ese espacio debe ser especialmente cuidadoso. Porque no es un edificio cualquiera. Es el lugar donde se aprueban leyes que afectan a personas creyentes y no creyentes; a mujeres que defienden su autonomía; a personas LGTBI; a familias diversas; a jóvenes que ya no se reconocen en religiones tradicionales; a personas migrantes de diferentes credos; a quienes quieren vivir conforme a una moral religiosa y a quienes quieren vivir sin ella.

Por eso, la presencia de una autoridad religiosa en el corazón de esa institución no puede analizarse como un simple gesto amable. Tiene una carga simbólica enorme.

No se trata de negar el diálogo con líderes religiosos. Se trata de ubicarlo correctamente.

• La diplomacia tiene sus espacios.
• La sociedad civil tiene sus espacios.
• Las confesiones tienen sus espacios.
• La representación democrática tiene los suyos.

Cuando todo se mezcla, se pierde claridad. Y cuando se pierde claridad entre religión y Estado, la libertad de conciencia queda debilitada.

La diferencia entre reconocimiento social y privilegio político

Una democracia puede reconocer la importancia histórica y social de una religión sin otorgarle privilegio político.

Puede reconocer el papel cultural del catolicismo en España sin convertirlo en referencia moral del Estado.

Puede valorar la labor social de entidades religiosas sin blindar sus estructuras frente a la crítica.

Puede colaborar con organizaciones confesionales en proyectos sociales si cumplen criterios públicos, transparentes, evaluables y no discriminatorios.

Puede dialogar con líderes religiosos como actores sociales, pero sin otorgarles superioridad simbólica sobre otras convicciones.

La clave está en distinguir tres planos:

Reconocimiento

Reconocer que una religión ha tenido y tiene presencia social.

Cooperación

Colaborar en ámbitos concretos bajo principios de igualdad, transparencia y servicio público.

Privilegio

Otorgar una posición preferente, simbólica o material, que coloca a una confesión por encima de otras creencias o no creencias.

• • El primer plano es razonable.
  • El segundo puede ser legítimo si se regula bien.
  • El tercero es incompatible con una democracia plenamente neutral.

Y la visita institucional del Papa a las Cortes se sitúa peligrosamente cerca de ese tercer plano, no porque toda recepción diplomática sea ilegítima, sino por la intensidad simbólica del acto, por el lugar elegido y por la confusión entre jefe de Estado y autoridad religiosa universal para una confesión concreta.

Lo peligroso: cuando la fe entra en la arquitectura del poder

La historia muestra que las religiones pueden inspirar compasión, comunidad y obras sociales valiosas. Pero también muestra otra cara: cuando la religión entra en la arquitectura del poder, puede convertirse en una herramienta formidable de control.

Porque la religión, mal utilizada, tiene una capacidad que otros discursos no tienen: transformar decisiones humanas en mandatos superiores.

• Cuando el poder político se reviste de lenguaje religioso, la crítica se vuelve más difícil.
• Cuando una autoridad se presenta como moralmente superior por su vínculo con lo sagrado, el desacuerdo puede ser tratado como falta ética.
• Cuando una política pública se fundamenta en dogmas, quienes no comparten esos dogmas quedan subordinados.
• Cuando el conflicto social se interpreta como lucha entre el bien y el mal, desaparecen los matices.
• Cuando desaparecen los matices, aparece el fanatismo.
• Y cuando aparece el fanatismo, los derechos empiezan a temblar.

Julia Navarro, en La sangre de los inocentes, atraviesa varias épocas marcadas por la intolerancia religiosa, el fanatismo y la violencia construida sobre certezas absolutas. Una de las frases que mejor resume esa advertencia ética es: “Temo a los hombres que no dudan”. Esa frase debería estar escrita en la entrada de cualquier institución democrática.

• Porque quien no duda puede obedecer cualquier mandato.
• Quien no duda puede justificar cualquier daño.
• Quien no duda puede convertir su verdad en cárcel ajena.
• Quien no duda puede llamar salvación a lo que otros viven como sometimiento.

La democracia necesita convicciones, sí. Pero también necesita duda, deliberación, límites, crítica y revisión constante. La religión, cuando se convierte en poder absoluto, suele llevarse mal con la duda. Y sin duda no hay pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no hay ciudadanía adulta. Sin ciudadanía adulta, la democracia se vacía.

La sangre de los inocentes: el fanatismo como advertencia histórica

La literatura tiene una fuerza que a veces el análisis jurídico no alcanza. Nos permite ver el alma oscura de ciertas dinámicas humanas. En La sangre de los inocentes, Julia Navarro no habla solo de religión. Habla del fanatismo. De la intolerancia. De la manipulación de la fe. De la venganza. De la sangre derramada cuando alguien cree poseer una verdad tan absoluta que le autoriza a destruir al otro.

Ese es el verdadero peligro.

• No la creencia.
• No la espiritualidad.
• No la oración íntima.
• No el consuelo de quien busca sentido.

El peligro aparece cuando alguien transforma su creencia en superioridad. Cuando convierte su dolor en venganza. Cuando convierte su Dios en arma. Cuando convierte su moral en ley para todos. Cuando convierte una institución religiosa en poder político. Cuando convierte la duda en pecado y la libertad en amenaza.

Por eso resulta tan importante defender la laicidad.

Porque la laicidad no es una manía moderna. Es una respuesta histórica a siglos de imposición, persecución, guerras de religión, censuras morales, exclusiones y violencias justificadas desde supuestas verdades absolutas.

• La laicidad es memoria democrática.
• Es una forma de decir: nunca más una conciencia sometida por otra.
• Nunca más un Estado al servicio de una fe.
• Nunca más derechos civiles condicionados por dogmas.
• Nunca más instituciones públicas convertidas en prolongación simbólica de un altar.

La dimensión psicosocial: miedo, culpa y obediencia

Desde una mirada profesional vinculada a la psicología social, la educación, la orientación y el empoderamiento personal, el problema de la religión como poder no puede analizarse solo jurídicamente. También debe analizarse en términos psicosociales.

Las organizaciones religiosas, como cualquier grupo humano con fuerte identidad interna, pueden generar pertenencia, apoyo y sentido. Pero cuando se radicalizan o se estructuran en torno al control, pueden activar mecanismos muy potentes:

Sustitución del pensamiento crítico

La persona deja de preguntarse qué piensa y empieza a preguntarse qué debe pensar para no ser culpada, excluida o señalada.

Uso del miedo

El miedo al castigo, a la condena, al rechazo del grupo o a la pérdida de salvación puede convertirse en una herramienta de obediencia.

Culpa inducida

La culpa deja de ser una emoción moral útil para reparar daños y se convierte en un sistema de sometimiento permanente.

Aislamiento social

Se construye una frontera entre “los nuestros” y “los otros”. Familiares, amistades o profesionales externos pueden ser presentados como amenaza.

Dependencia emocional

La organización ya no acompaña: administra la identidad de la persona.

Estos mecanismos no son exclusivos de las religiones. Pueden aparecer en sectas, movimientos políticos, grupos ideológicos cerrados, relaciones abusivas o estructuras autoritarias. Pero cuando se mezclan con lenguaje sagrado, adquieren una fuerza especial, porque se presentan como mandato trascendente.

Por eso el Estado debe ser extremadamente cuidadoso: no puede potenciar estructuras de poder religioso sin garantizar que no se convierten en espacios de presión, control o discriminación.

Derechos democráticos frente a moral religiosa

Uno de los conflictos más relevantes de las últimas décadas ha sido la tensión entre derechos civiles y moral religiosa.

• Matrimonio igualitario.
• Derechos reproductivos.
• Educación afectivo-sexual.
• Eutanasia.
• Diversidad familiar.
• Identidad de género.
• Libertad de expresión.
• Investigación científica.
• Igualdad entre mujeres y hombres.

La pregunta democrática es clara: ¿puede una moral religiosa condicionar derechos civiles de personas que no comparten esa religión?

Mi respuesta es no.

Una persona creyente tiene derecho a vivir conforme a su moral religiosa. Puede decidir no abortar, no divorciarse, no casarse con alguien de su mismo sexo, no practicar determinadas conductas, educar su espiritualidad o seguir normas internas de su confesión, siempre dentro del marco legal.

Pero no tiene derecho a imponer esa moral al conjunto de la sociedad.

La libertad religiosa es libertad de vivir una convicción, no poder para restringir derechos ajenos.

Y aquí es donde muchas jerarquías religiosas han cruzado demasiadas veces la línea: cuando no se limitan a orientar a sus fieles, sino que pretenden condicionar leyes civiles para todas las personas.

Ese es el salto peligroso.

• Ahí la fe deja de ser opción personal y se convierte en intervención política.
• Ahí la conciencia deja de ser íntima y se convierte en presión pública.
• Ahí la religión deja de acompañar y empieza a disputar el control de la vida colectiva.

La neutralidad del Estado como garantía para creyentes y no creyentes

La neutralidad del Estado no solo protege a las personas no creyentes.

• También protege a las creyentes.
• Protege a una persona católica de que otra confesión pueda imponerse mañana.
• Protege a una persona musulmana de vivir bajo símbolos oficiales de otra religión.
• Protege a una persona evangélica frente a la hegemonía cultural de otra Iglesia.
• Protege a una persona judía frente a mayorías religiosas.
• Protege a cualquier minoría espiritual frente al dominio de una confesión más poderosa.
• Y protege a todas las personas frente a la posibilidad de que el Estado se convierta en administrador de almas.

Por eso, la laicidad no es una causa “contra” nadie. Es una causa “a favor” de todas las conciencias.

• La neutralidad institucional es el terreno común donde podemos convivir sin exigirnos adhesión espiritual.
• Es el espacio donde podemos construir derechos sin preguntarnos primero en qué cree cada uno.
• Es la garantía de que el Estado no te mira como feligrés, hereje, pecador, infiel, tibio o converso, sino como ciudadano o ciudadana.
• Esa es la grandeza democrática: que la dignidad no dependa de la fe.

La visita del Papa como síntoma de una vieja inercia

La visita del Papa no es solo un hecho puntual. Es un síntoma.

Un síntoma de que España aún arrastra una relación compleja con el poder religioso. Un síntoma de que la aconfesionalidad formal no siempre se traduce en laicidad práctica. Un síntoma de que determinadas inercias históricas siguen funcionando casi automáticamente, como si la sociedad no hubiera cambiado.

No se trata de negar la historia. Se trata de no quedar presos de ella.

España tiene una profunda huella católica. Eso es evidente. Está en el arte, en las fiestas, en el calendario, en la arquitectura, en la cultura popular, en el lenguaje y en muchas biografías familiares. Pero una huella histórica no puede convertirse en un cheque en blanco institucional.

La historia explica.

• No justifica privilegios permanentes.
• La tradición puede ser respetada.
• No debe ser impuesta.
• La cultura religiosa puede formar parte del patrimonio.
• No debe ocupar el centro del Estado.

La democracia tiene derecho a revisar sus símbolos. Y tiene el deber de hacerlo cuando esos símbolos ya no representan la pluralidad real de la ciudadanía.

Instituciones, religión y propaganda emocional

Los actos institucionales tienen una dimensión emocional muy potente. No solo informan. Generan pertenencia. Producen imágenes. Activan adhesiones. Construyen relatos.

Por eso, cuando una autoridad religiosa aparece solemnemente en el espacio de la representación política, la imagen no es inocente.

• Esa imagen puede ser utilizada por sectores religiosos para reforzar la idea de influencia.
• Puede ser utilizada por sectores políticos para apropiarse de símbolos de fe.
• Puede ser utilizada por sectores conservadores para defender una supuesta vuelta al orden moral.
• Puede ser utilizada por sectores integristas para decir: “el Estado nos reconoce por encima de otros”.
• Y puede ser vivida por muchas personas no creyentes como una forma de exclusión simbólica.
• La democracia debe cuidar mucho sus imágenes. Porque las imágenes también gobiernan.

En tiempos de redes sociales, polarización, guerras culturales y manipulación emocional, los símbolos se convierten en munición política. Y pocas municiones son tan potentes como la religión cuando se utiliza para dividir entre buenos y malos, puros e impuros, fieles y enemigos, creyentes y degenerados, salvados y perdidos.

Esto no es teoría. La historia está llena de ejemplos.

Y el presente también.

No confundir respeto con sumisión

Una democracia debe respetar al Papa como autoridad internacional y religiosa. Pero respeto no significa sumisión simbólica.

• Debe proteger a los católicos. Pero proteger no significa privilegiar.
• Debe dialogar con la Iglesia. Pero dialogar no significa ceder centralidad institucional.
• Debe reconocer el papel social de entidades religiosas. Pero reconocer no significa financiar, blindar o elevar por encima del control democrático.
• El respeto democrático es horizontal.
• El privilegio confesional es vertical.
• Y una sociedad libre debe desconfiar siempre de las verticalidades que se presentan como sagradas.

Porque cuando una estructura dice hablar en nombre de Dios, conviene preguntarle con más fuerza en nombre de quién gestiona su poder, sus recursos, sus silencios y sus influencias.

Lo que debería hacer un Estado verdaderamente neutral

Un Estado coherentemente aconfesional debería actuar con criterios claros:

1. Recepción diplomática, sí; exaltación religiosa, no

Si el Papa acude como jefe de Estado, la recepción debe ser estrictamente diplomática, sin liturgia simbólica que convierta el acto en adhesión religiosa.

2. Parlamento como espacio de soberanía, no de legitimación espiritual

Las Cortes Generales deberían evitar actos que puedan interpretarse como centralidad de una confesión religiosa en el corazón de la representación popular.

3. Igualdad entre creencias y no creencias

El Estado debe proteger con la misma intensidad a creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos y personas indiferentes ante la religión.

4. Cooperación transparente

Cualquier relación con confesiones religiosas debe estar sometida a criterios públicos, evaluación, transparencia, igualdad y ausencia de discriminación.

5. Educación crítica

La ciudadanía debe formarse en derechos humanos, libertad de conciencia, pensamiento crítico y prevención de cualquier forma de manipulación ideológica o espiritual.

6. Revisión de privilegios históricos

Una sociedad democrática debe revisar con serenidad, pero con firmeza, las herencias institucionales que conceden ventajas simbólicas, fiscales, educativas o políticas a una confesión concreta.

Creer no da más derecho a decidir sobre lo común

Uno de los errores más peligrosos es pensar que una persona creyente posee una superioridad moral sobre quien no cree. Esa idea, aunque a veces se expresa de forma sutil, sigue presente en muchos discursos públicos.

• Se presupone que la religión aporta valores, mientras que la no creencia sería un vacío.
• Se presupone que la fe genera ética, mientras que el ateísmo sería sospecha.
• Se presupone que la tradición religiosa sostiene la sociedad, mientras que el pensamiento laico la desordena.

No es así.

• La ética no pertenece a ninguna religión.
• La solidaridad no pertenece a ninguna Iglesia.
• La compasión no pertenece a ningún dogma.
• La justicia no necesita altar.
• La dignidad humana no necesita permiso teológico.
• Hay personas creyentes profundamente buenas y personas creyentes profundamente dañinas. Hay personas ateas profundamente éticas y personas ateas profundamente egoístas. La calidad moral no depende automáticamente de la creencia, sino de las acciones, la responsabilidad, la empatía, la coherencia y el respeto a la dignidad ajena.

Por eso, ninguna autoridad religiosa debería ocupar un lugar preferente en la deliberación sobre lo común. Puede opinar, como cualquier actor social. Puede proponer, como cualquier entidad. Puede participar en el debate público. Pero no debe estar por encima del resto.

Laicidad, empoderamiento y ciudadanía adulta

Desde mi forma de entender la educación, la orientación, la psicología social aplicada y el empoderamiento personal, la laicidad tiene una dimensión profundamente pedagógica.

Una ciudadanía laica no es una ciudadanía vacía. Es una ciudadanía adulta.

• Adulta porque no delega su conciencia.
• Adulta porque no necesita tutelas morales obligatorias.
• Adulta porque aprende a convivir con la diferencia.
• Adulta porque no convierte su verdad en ley universal.
• Adulta porque sabe que la libertad del otro también forma parte de la propia.
• Adulta porque entiende que la diversidad no es amenaza, sino realidad.
• Educar en laicidad es educar en pensamiento crítico.
• Es enseñar a distinguir fe de imposición.
• Espiritualidad de poder.
• Comunidad de sectarismo.
• Tradición de privilegio.
• Libertad religiosa de impunidad.
• Respeto de sometimiento.

Y esto tiene una importancia enorme en tiempos de vulnerabilidad social. Porque muchas personas, cuando atraviesan miedo, soledad, duelo, precariedad o crisis vital, pueden ser captadas por discursos que prometen certezas absolutas. No todas las religiones hacen eso, por supuesto. Pero las estructuras de poder coercitivo suelen aparecer precisamente donde hay necesidad de pertenencia y sentido.

Por eso hay que hablar de esto. No desde el odio, sino desde la prevención democrática.

Un país libre no necesita bendiciones institucionales

Una sociedad democrática puede convivir con religiones. Puede incluso enriquecerse culturalmente con ellas. Pero no necesita bendiciones institucionales para ser legítima.

La legitimidad del Estado no viene de ninguna autoridad religiosa.

• Viene de la soberanía popular.
• Viene de los derechos fundamentales.
• Viene de la igualdad ante la ley.
• Viene de la dignidad humana.
• Viene de la libertad de conciencia.
• Viene del pluralismo político.
• Viene de la justicia social.
• Viene de la participación ciudadana.

Cuando un Estado busca legitimación en una autoridad religiosa, aunque sea de forma simbólica, está enviando un mensaje equivocado: que la democracia necesita una validación externa, espiritual o moral, para estar completa.

• No la necesita.
• La democracia se legitima cumpliendo derechos.
• Protegiendo a las personas vulnerables.
• Garantizando servicios públicos.
• Respetando la diversidad.
• Impidiendo abusos.
• Defendiendo libertades.
• Rindiendo cuentas.
• Escuchando a la ciudadanía.

Y, sobre todo, manteniendo el poder sometido a límites.

La fe pertenece a las personas; el Estado pertenece a la ciudadanía

Esta es la idea central.

• La fe pertenece a las personas.
• Las instituciones pertenecen a la ciudadanía.
• La religión pertenece a la conciencia libre.
• El Estado pertenece al marco común.
• El culto pertenece a las comunidades creyentes.
• El Parlamento pertenece al pueblo soberano.
• Cuando cada cosa ocupa su lugar, hay convivencia. Cuando se mezclan sin límites, aparece el problema.
• No hay que expulsar la religión de la vida social. Hay que impedir que se convierta en poder institucional privilegiado.
• No hay que silenciar a los creyentes. Hay que garantizar que no hablen desde una posición de superioridad pública.
• No hay que negar la tradición. Hay que evitar que la tradición bloquee la igualdad.
• No hay que atacar la espiritualidad. Hay que defender que ninguna espiritualidad gobierne los derechos de quienes no la comparten.
• Eso es laicidad.
• Eso es democracia.
• Eso es libertad de conciencia.

Conclusión: aquí, hoy y ahora, más laicidad democrática

La visita del Papa a España debe servir para algo más que para titulares, fotografías, discursos protocolarios o adhesiones emocionales. Debe servir para abrir una conversación democrática pendiente: qué lugar debe ocupar la religión en un Estado aconfesional y en una sociedad cada vez más plural.

Mi posición es firme, pero respetuosa: ninguna religión debe ocupar el centro simbólico del Estado.

• Ninguna.
• Ni la católica.
• Ni la evangélica.
• Ni la islámica.
• Ni la judía.
• Ni ninguna otra.

Todas las personas deben tener derecho a creer. Todas las personas deben tener derecho a no creer. Todas las confesiones deben poder existir en libertad. Pero ninguna debe recibir una centralidad institucional que desdibuje la igualdad de conciencia.

• La democracia no se arrodilla ante ningún altar.
• La democracia protege el derecho de cada persona a tener el suyo, a no tener ninguno o a marcharse de todos.
• Y eso, lejos de ser una amenaza para la fe, es la mayor garantía de libertad religiosa que puede ofrecer un Estado moderno.
• Porque cuando el Estado no pertenece a ninguna religión, puede protegerlas a todas.
• Y cuando el Estado no impone ninguna fe, también protege a quienes hemos decidido vivir sin ella.
• Aquí, hoy y ahora, defender la laicidad no es atacar a nadie.
• Es defender un espacio común donde nadie tenga que pedir permiso para creer, para dudar o para no creer.
• Es defender una sociedad donde la dignidad no dependa de un dogma.
• Es defender una democracia adulta, crítica, plural y libre.
• Es decir, con respeto pero con toda la claridad: la fe puede acompañar a quien la elija, pero no debe gobernar simbólicamente a quienes no la comparten.

Y si eso incomoda a los poderes religiosos, quizá sea precisamente porque la libertad de conciencia sigue siendo una de las formas más profundas de emancipación humana.

Fuentes oficiales y jurídicas

• Constitución Española, artículo 16.
• Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa.
• Tribunal Constitucional sobre neutralidad religiosa y aconfesionalidad.
• Congreso de los Diputados: nota oficial sobre la visita del Papa.
• CIS: Barómetro de mayo de 2026.
• Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18.
• Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 9.
• Ficha editorial de La sangre de los inocentes, de Julia Navarro.

La laicidad no es odio a la religión. Es la garantía democrática que permite creer, no creer, dudar o cambiar de conciencia sin que el Estado tome partido por ninguna fe.

 

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