«Las persistencia de desigualdades de ingresos genera preocupación por la inclusión social y crecimiento sostenible», apunta un informe de la Comisión
La economía española mejora. El desempleo y el riesgo de pobreza descienden. Sin embargo, la Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad. En su informe sobre empleo en la UE divulgado esta semana, Bruselas sitúa a España en la peor posición de este parámetro, en un grupo junto a Bulgaria, Grecia y Lituania. Mientras que en la Unión Europea el 20% que más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos, en España esa proporción está ligeramente por encima de seis veces y media. Pese a la recuperación, el Ejecutivo comunitario llama la atención sobre el hecho de que en España no se hayan restablecido los niveles de igualdad por rentas anteriores a la crisis. Entre los aspectos positivos, destaca la sanidad.
Un tercio de países de la UE no ha recuperado aún los índices de igualdad previos a la crisis. Esta es una de las conclusiones que resalta el borrador del informe de la Comisión sobre empleo, elaborado con datos de 2016 y con 14 indicadores sociales. “Las recientes ganancias en empleo no han sido distribuidas de forma uniforme entre los distintos grupos de población […]. La diferencia en las tasas de empleo de los más y los menos cualificados resulta elevada”, afirma. Y añade que “la persistencia de relativamente grandes desigualdades de ingresos —a menudo ligadas a la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación, la protección social y los pobres resultados del mercado laboral— genera preocupación en términos de equidad, inclusión social y crecimiento sostenible”.
Entre esos países con un camino por recorrer para volver a la situación precrisis, se encuentra en un lugar destacado España. Su economía ha logrado recuperar este año las cotas de actividad previas a la Gran Recesión. Pero no para todos igual. La desigualdad es un problema. En su tabla de 14 indicadores sociales, la Comisión coloca a España en este apartado concreto en una “situación crítica”. ¿Qué significa esta calificación para Bruselas? “Una situación mucho peor que la media europea y deteriorándose o no mejorando lo suficientemente rápido”, dice el informe.
“Bajo vigilancia”
En cuanto al riesgo de pobreza, España ha mejorado la posición de los últimos años, aunque sigue “bajo vigilancia”. Y en la tasa de empleo se encuentra todavía “débil pero mejorando”. Aun así, el número personas que viven en hogares que apenas tienen trabajo permanece elevado: un 14,9%. Una década de crisis de caballo ha dejado unas heridas muy difíciles de sanar.
El Ejecutivo comunitario recrimina, además, al Gobierno español el escaso impacto de sus políticas sociales a la hora de reducir la pobreza. En España apenas se rebaja un 25% de la pobreza monetaria tras la actuación de las transferencias sociales, sin contar en ellas las pensiones. Este porcentaje se sitúa demasiado cerca de países como Bulgaria o Grecia. Y dista mucho del 50% o más que se corrige la pobreza tras las transferencias en los países nórdicos. En este capítulo también se pone a España “bajo vigilancia”. A este respecto, el documento señala, para el conjunto de países, soluciones como “mejorar el diseño de los impuestos, los sistemas de prestaciones e impulsar la igualdad de oportunidades en educación y formación”.
Otro problema social subrayado es la alta tasa de abandono escolar. Esta se cifra en el entorno del 19%, lejos del 10,7% de media de la UE. De ahí que en esta rúbrica España también figure en “situación crítica”. Relacionado con este fenómeno, la ratio de jóvenes que ni estudian ni trabajan se halla cerca del 15%, casi cuatro puntos por encima de la media.
Por el contrario, España aparece mejor en competencias digitales y en retribución por hora trabajada, donde se sitúa en el promedio. Y se coloca por encima en el cuidado de los niños menores de tres años y en la sanidad.
UN CHOQUE GENERACIONAL POR LAS PENSIONES
El informe de la Comisión Europea advierte de que en la UE el envejecimiento “añade presión a las generaciones más jóvenes para garantizar los ingresos de los sistemas de pensiones y asegurar su sostenibilidad”. Y lo hace sobre “aquellas generaciones que tienen más dificultades para acceder a empleos estables y de calidad”, destaca. El envejecimiento, continúa el documento, “hace que las vidas laborales sean más largas y ejerce presión sobre las pensiones en el futuro” por el mayor periodo cotizado.
Todo esto lleva a Bruselas a lanzar una advertencia sobre el riesgo que supone la situación para la confianza entre generaciones. Este es el pilar básico de los sistemas públicos de pensiones de reparto: los trabajadores de hoy pagan las prestaciones presentes con sus cotizaciones porque confían recibirlas en el futuro. “En los términos más amplios, esto pone en riesgo el contrato social entre generaciones, creando una potencial división generacional y cuestionando la justicia entre generaciones”, apunta el informe.
Para amortiguar ese peligro, receta la fórmula: “Aumentar las tasas de empleo y productividad”. Además, se recomienda la aplicación de fondos complementarios privados. El informe destaca que las mujeres sufren un problema mayor por los menores sueldos y la interrupción de su carrera laboral para cuidar a los hijos.
FUENTE: DIARIO EL PAÍS
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