La Generalitat paraliza la primera privatización del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

La Generalitat ha paralizado la iniciativa que debía permitir a las agencias privadas de colocación buscar trabajo a parados cobrando por ello. El Departamento d’Empresa i Ocupació había anunciado que a principios de abril convocaría los primeros concursos dotados con 1,9 millones de euros destinados a encontrar empleo a unas 10.000 personas.

El anuncio de la convocatoria suscitó la crítica de los sindicatos mayoritarios. En un comunicado, CCOO y UGT exigieron la retirada del plan, que calificaron como primer paso para la privatización del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).

Un primer borrador del concurso indicaba que las agencias privadas recibirían 40 euros por la inscripción y tramitación de la búsqueda de trabajo para cada parado. Pero, si conseguían encontrar trabajo para los parados, las empresas recibirían hasta 600 euros más por caso.

El hecho de que la Generalitat anunciara el concurso para la gestión público-privada de la colocación de trabajadores en paro indignó a los sindicatos que reprocharon al Gobierno catalán haberse enterado por la prensa de la convocatoria mientras estaban negociando con la administración la ley que debe regir el SOC.

Precisamente la falta de consenso ha hecho que la Generalitat detenga, hasta que la ley haya sido elaborada y en su caso aprobada, la aplicación de la medida que facilitaba la entrada de las agencias privadas de colocación en la tarea de buscar trabajo, según ha manifestado a Catalunyaplural.cat, Cristina Faciaben, secretaria de socieoconomia de CCOO.

Un segundo motivo ha hecho que la Generalitat se cuestionara la prisa con que parecía quería aplicar la incorporación de empresas privadas en la búsqueda de trabajo para los parados. Este motivo ha sido, según ha podido saber esta redacción, las declaraciones del presidente de las empresas privadas de colocación, donde afirmaban que sus compañías intentarían encontrar trabajo a aquellos grupos de trabajadores «más empleables». Esto no gustó a los sindicatos, pero tampoco a la Generalitat.

Cataluña tiene, según la EPA 820.000 personas que buscan trabajo, el 59 % de las cuales hace más de un año que están inscritas en las oficinas públicas de empleo.

Según calcularon los sindicatos, con los 1,9 millones de euros que se querían destinar a agencias privadas de colocación se podrían contratar hasta 60 técnicos para el servicio público de empleo. En este sentido, recuerdan que un servicio estratégico como el SOC tiene un 25% de personal interino, que ha visto recortados en un 15% la jornada laboral y el salario.

Sea como sea los sindicatos entienden que la ley estatal, fruto de la reforma laboral hace posible la irrupción de las empresas privadas en la intermediación laboral. Pero consideran qué la ley catalana que se está elaborando debe servir para que esta colaboración público-privada se haga con el máximo cuidado y con todas las garantías de equidad para las personas usuarias.