Fuente: Canalsolidario.org

Autor: Pau Vidal|Observatori del Tercer Sector

Y es lógico que así sea, porque por lo que he podido leer se trata de un proyecto que ha nacido desde la desconfianza, desde la presunción de engaño y desde la perspectiva mercantil. O sea, algo muy alejado de lo que necesita el tercer sector cuando piensa en mejorar el funcionamiento de las subvenciones.

Las subvenciones son una herramienta que permite a la administración pública colaborar en temas que tienen utilidad social, lo que justifica el interés público en estos proyectos y su participación en la financiación. Pero el sistema de subvenciones ha ido entrando en unos hábitos que lastran su funcionamiento ágil y útil.

A continuación se muestran unas cuantas ideas para la reforma de las subvenciones, siempre pensando en la manera de que puedan servir como palanca y potenciación de la utilidad social. Para ello hace falta tener en cuenta las especificidades del tercer sector y fomentar una responsabilidad compartida entre los actores implicados.

1. Necesidad de calendarios razonables.

En muchos casos, los calendarios de gestión de las subvenciones se han convertido en un verdadero despropósito: se convoca tarde y se resuelve más tarde, lo que muchas veces provoca la imposibilidad de poder gestionar y conseguir apoyos adicionales al proyecto una vez se sabe que se cuenta con la subvención. No es tan raro ver resoluciones para proyectos del año en curso en el segundo o tercer trimestre (y algunas en el último trimestre del año).

El buen funcionamiento de las subvenciones exige un calendario periódico anticipado que convoque y resuelva con tiempo suficiente para la gestión del proyecto, buscar recursos adicionales y poder centrarse en la calidad de las acciones.

2. Enfocarse en los resultados más que en el proceso.

Nadie pone en duda que los fondos públicos han de estar bien gestionados y destinados a lo que se aprueba (que es lo que tiene interés público). Pero la deriva burocrática de los sistemas de control ha llevado en la mayor parte de los casos a poner más énfasis en la gestión administrativa y justificativa que en el impacto y resultados de las subvenciones. Hace tiempo que se perdió la eficiencia en el proceso de control de miles de pequeñas colaboraciones con organizaciones no lucrativas, y en muchos casos hoy en día cuesta más el proceso administrativo de control que el importe de la subvención.

Toca un cambio radical que enfoque las capacidades del sistema público a verificar y contrastar los resultados con proporcionalidad a los importes subvencionados, poniendo énfasis en lo verdaderamente importante: qué se ha podido conseguir con esos recursos, qué resultados se han tenido. Para el control administrativo toca reducir la carga burocrática y justificativa con sistemas de parametrización, muestreo, acompañamiento, indicadores, etc.

3. Pagar a tiempo.

En los últimos tiempos, el cobro de las subvenciones se ha convertido en una promesa permanente y dilatada en muchos casos, generando deudas y costes financieros a las organizaciones. En demasiadas ocasiones me encuentro con entidades que llevan uno, dos, o más años de retraso en el cobro de las subvenciones, gestionando como pueden el día a día. Vergonzoso e inasumible como sistema.

La nueva ley debería prever un sistema de anticipos adecuados para facilitar la gestión puntual de los proyectos del tercer sector así como un pago final cercano a la finalización del proyecto. Precisamente, para que los proyectos salgan bien y sean útiles socialmente, y se puedan centrar en que tener el máximo impacto social.

4. Superar el “café para todos”

En demasiados casos, la convocatoria de subvenciones se ha ido convirtiendo en un “café para todos” amargo y peligroso, un reparto de recursos en un territorio o colectivo de organizaciones. Las entidades ya “esperan” la cantidad anual que “les toca” y las administraciones públicas evitan tener que gestionar negativas. De nuevo, el gran perjudicado acaba siendo la calidad de los proyectos subvencionados.

Las subvenciones han de tener criterios claros para su concesión o denegación y superar tanto el reparto generalizado como la arbitrariedad. Las administraciones han de poder adecuar y evolucionar las convocatorias a las políticas públicas que desarrollan en cada ámbito y los criterios de utilidad social de los proyectos.

5. Más dureza con los actores incumplidores.

Uno de los problemas del sistema actual es que el incumplimiento sale gratis demasiadas veces, tanto para la administración pública como para las organizaciones.

Un sistema de confianza compartida como las subvenciones exige una asunción de roles clara por parte de todos los actores participantes y, por tanto, rapidez y dureza en las sanciones de los incumplimientos de uno u otro lado. Precisamente para poder centrarse en los resultados de la gran mayoría que funciona y funcionará bien.

6. Complementariedad en las formas de financiación públicas

En muchos casos, la subvención se ha convertido en el principal (o único) medio de financiación para las entidades no lucrativas por parte de alguna administración pública. Aunque sea cómodo, ese uso preponderante de la subvención no es el adecuado. Existen otras maneras de colaborar financieramente con entidades: convenios, conciertos, contratos,…

Toca gestionar la colaboración público-privada con la fórmula correcta para cada circunstancia, construyendo relaciones sólidas que tengan complementariedad de formas de financiación en función de cada ámbito, proyecto y organización.

7. Abrir los tribunales de valoración

En demasiados casos, la valoración de las convocatorias acaban siendo un “yo me lo guiso, yo me lo como” de la administración pública convocante. Sus equipos, técnicos y políticos, son los que deciden año tras año las propuestas que deben aprobarse.

Hace falta aire fresco. Abrir los tribunales que analizan las propuestas presentadas a una convocatoria a personas independientes, universidades, entidades e incluso destinatarios. Cambiando con frecuencia y evitando esa sensación de “película repetida”. La mezcla de personas y entidades externas con los equipos de la administración convocante es positiva. Será aire nuevo para analizar los proyectos presentados, siempre de acuerdo con los criterios técnicos marcados.

8. Tener en cuenta tamaño y capacidad de la organización

La mejor forma de cargarse una organización no lucrativa y hacerla débil y dependiente es sobrefinanciarla públicamente por encima de sus capacidades de gestión, de capacidad de conseguir fondos alternativos y de su base social real. Cuando esto pasa, las subvenciones ayudan a crear organizaciones dependientes con menor impacto social.

La subvenciones deben tener en cuenta no solamente el proyecto presentado, sino las capacidades y dimensión de la organización en la cual se realiza el mismo. De este modo, las subvenciones actuarán también como un elemento positivo de desarrollo organizativo equilibrado, en organizaciones que crecen en capacidad de gestión y de base social.

En definitiva, las subvenciones han de evolucionar para cumplir con su rol: el apoyo de la Administración Pública a los proyectos de utilidad social. Para ello, hace falta un desarrollo legislativo y reglamentario que tenga en cuenta las especificidades del tercer sector. En este país en que vivimos muy pocas veces se ha legislado teniendo en cuenta al tercer sector, por lo que nos hemos ido desarrollando acomodándonos como se ha podido en legislaciones pensadas para organizaciones mercantiles con ánimo de lucro.

Hoy en día, las organizaciones no lucrativas somos una realidad que aporta valor a nuestra sociedad, y toca comenzar a desarrollar un marco legislativo, reglamentario y procedimental que entienda a las organizaciones y potencie la utilidad social que la colaboración público-privada puede aportar cuando no hay ánimo de lucro en la relación, sino implicación social compartida.

Pero lo que es seguro es que la mejora de las subvenciones no va a venir de un cambio legal hecho desde la “desconfianza” y los tópicos, pensado para organizaciones mercantiles. Soy consciente de que alguna de las ideas brevemente apuntadas arriba pueden ser más o menos complicadas de llevar a cabo y de que hay unas que tienen que ver más con el desarrollo legislativo y otras con la práctica diaria. Toca sentarse a trabajar para conseguir la mejora de las subvenciones y, sobretodo, aumentar y potenciar la utilidad social de las mismas.