El viernes, 9 de marzo, entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En un comunicado, la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE) ha manifestado su satisfacción por la entrada en vigor de esta norma (ya publicada en el BOE en noviembre), que abre la vía a que autónomos y pymes puedan acceder a las licitaciones de las administraciones locales, autonómicas y estatal, que suponen un total de 200.000 millones de euros (un 20 % del PIB). La norma se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre.

Para CIAE, “es muy positivo que la ley obligue a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento, su aplicación permitirá el acceso y la participación a un mercado de la libre competencia mejor regulado y se aproxima a la igualdad de oportunidades para que los autónomos y pymes participen de esa cuantiosa tartaeconómica, así, el 99,8% del total de empresas españolas podrán beneficiarse de la contratación de la obra pública”.

“Suponía un escándalo, un privilegio del pasado y una postura caciquil que hasta ahora sólo tuvieran acceso a esta forma de contratación los grandes negocios, la magnitud económica que conforma el 0,20% de las empresas españolas, estos dejaban algunas migajas en forma de subcontrataciones a los más pequeños, no como generosidad o como derecho divino a compartir sino como un modo más de sacar beneficios a costa de las pequeñas y medianas empresas”, lamenta CIAE.

Dicha ley es una obligación propuesta al Estado en 2016 por la Comisión Europea para que autónomos y pymes participen en la contratación pública, exclusividad hasta ahora de las grandes empresas. Según remarca esta entidad de autónomos, la Comisión Europea ha presionado para que no se demorase más su aprobación y estará vigilante en su aplicación real.

Nueva ley de contratos: “Una nueva época”

CIAE considera que con la nueva ley “se abre una nueva época” en la relación entre la Administración y los autónomos y pymes. La ley que entra en vigor este viernes se basa en una serie de principios como son la integridad, la transparencia, la igualdad y la competencia.

“Afortunadamente, suprimirá la posibilidad de contratación sin publicidad, estableciendo la obligación de la factura electrónica y la capacidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas”, destacan. Además, vinculan al objeto del contrato que las obras, suministros y servicios se realicen con condiciones de calidad, medioambientales, sociales e innovadoras, lo cual es “significativamente un gran avance”.


FUENTE: El Autónomo Digita@FreelanceDiario

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