La inclusión del glifosato en el listado de agentes cancerígenos de la IARC reactiva la oposición global a esta sustancia e impulsa una campaña de CCOO para prevenir su exposición en las empresas y reclamar medidas a las Administraciones.
El pasado 20 de marzo, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, incluyó cinco sustancias agroquímicas en su listado de agentes cancerígenos. Entre ellas destaca un viejo conocido de las entidades de defensa de la salud pública y ambiental, el glifosato.
El listado de la IARC clasifica a los agentes en cuatro niveles basándose en pruebas científicas existentes sobre carcinogénesis. El glifosato ha sido incluido en la categoría 2A (probablemente cancerígeno en humanos), la segunda dentro de la escala de la IARC, por la existencia de pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos para linfoma no Hodgkin. La evidencia sobre la exposición, mayoritariamente de trabajadores agrícolas, procede de estudios realizados en los EEUU, Canadá, Suecia y publicados desde 2001.
Con anterioridad a su inclusión en la lista de cancerígenos de la IARC existía controversia sobre sus efectos en la salud humana. Mientras que las multinacionales agroquímicas patrocinaban investigaciones orientadas a demostrar que no existía riesgo asociado concluyente a su exposición específica, numerosos estudios independientes también incidían en su toxicidad subaguda y crónica, sus efectos como disruptor endocrino y como causante de alteraciones genéticas y trastornos reproductivos y sus efectos nocivos para el medio ambiente.
El glifosato, patentado por la multinacional Monsanto, es el herbicida más utilizado en el mundo y en nuestro país. Los motivos de su éxito son dos: su bajo coste de producción y su eficacia para eliminar vegetación, malas hierbas y malezas. En el caso de España su uso está extendido en el sector agrícola, en trabajos forestales, en actividades de jardinería o en el mantenimiento de carreteras, vías férreas e infraestructuras de transporte o energéticas, aunque el riesgo a su exposición afecta también a empleados domésticos, de recogida de residuos y a la población en general que utiliza los espacios públicos donde es aplicado.
Las legislaciones de la Unión Europea y de España autorizan el uso del glifosato en sus territorios y no parece que a corto plazo se vayan a producir cambios. Recientemente, la prensa recogía declaraciones de Enrico Brivio, portavoz de salud, seguridad alimentaria y medio ambiente de la Comisión Europea, indicando que no se ha considerado hasta el momento proponer una clasificación basada en la carcinogenicidad de la sustancia. Sin embargo, su inclusión en la lista de la IARC ha reactivado la lucha contra su utilización a nivel global y en España ya se ha sustanciado en la aprobación en algunas corporaciones locales de mociones prohibiendo la aplicación en sus territorios de herbicidas que contengan glifosato, caso de los ayuntamientos de Navalafuente y Venturada en la Comunidad de Madrid.
CCOO ha puesto en marcha una iniciativa, inserta en la campaña Cáncer Cero en el Trabajo, para actuar tanto a nivel de empresa como institucionalmente. Con este motivo se ha constituido un grupo de trabajo específico confederal al que también se han incorporado técnicos de ISTAS y responsables de las Federaciones Agroalimentaria, Construcción y Servicios y Servicios a la Ciudadanía, así como de CCOO de Madrid, que han elaborado un documento de criterios de actuación sindical dirigido a delegados de prevención de empresas con colectivos expuestos a glifosato. Además de informar del riesgo y de los sectores y colectivos con probabilidad de exposición, se proporciona a los delegados las pautas para identificar su presencia en la empresa y para reclamar la correcta evaluación del riesgo y la puesta en marcha de medidas preventivas. A pesar de que el producto no es una de las sustancias cancerígenas reconocidas por la legislación española y, por lo tanto, no entra en el marco del RD 665/1997, de protección frente a agentes cancerígenos durante el trabajo, en el documento se deja claro el criterio de CCOO de exigir la aplicación de esta norma, sobre todo en la consideración de la sustitución como medida preventiva prioritaria. CCOO ofrece un catálogo de alternativas que posibilitan dicha sustitución, entre las que destacan los procedimientos manuales o mecánicos de desbroce, procedimientos térmicos, aplicación de acolchados o cultivos de cobertura e, incluso, alternativas químicas menos nocivas como algunos herbicidas selectivos y no de amplio espectro, como sucede en el caso del glifosato.
En la vertiente institucional, CCOO se ha dirigido a los cuatro ministerios con competencia en la materia (Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Empleo y Seguridad Social, Fomento y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), iniciativa que se pretende replicar a escala autonómica y municipal, para trasladar una serie de reivindicaciones:
- Prohibición del uso en, al menos, las zonas y usos que resulten más peligrosos para la salud pública y el medio ambiente.
- Eliminación del uso en las carreteras, aeropuertos, vías férreas y otras infraestructuras dependientes de la Administración General del Estado.
- Realización de campañas informativas sobre las características y riesgos del uso de esta sustancia a ciudadanos, trabajadores y empresas.
- Establecimiento de una campaña programada de la Inspección de Trabajo que permita verificar en las empresas el cumplimiento de la normativa preventiva.
- Que el Gobierno español inicie las gestiones oportunas ante la Comisión Europea para la inclusión del glifosato dentro de las sustancias objeto de la normativa REACH, con el objetivo final de lograr la prohibición de su fabricación y uso en el conjunto de la Unión Europea.
La acción sindical de CCOO en torno al glifosato ya está materializándose en algunas empresas, destacando algunas iniciativas en el mantenimiento de parques y jardines de las dos grandes ciudades del país.La sección sindical de CCOO y las del resto de sindicatos presentes en el comité de empresa de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, junto a entidades vecinales, ecologistas y de salud, solicitaron a los partidos que se presentaban a las elecciones municipales su compromiso de declarar a Barcelona ciudad libre de glifosato.
En el caso madrileño, la Federación de Construcción y Servicios y el Gabinete de Salud Laboral de CCOO de Madrid organizaron en abril una jornada formativa dirigida a los delegados de las subcontratas que gestionan buena parte del mantenimiento de los parques, jardines y zonas verdes de la capi tal, para informarles del riesgo y explicar las medidas y protocolos de actuación a llevar a cabo en las empresas. Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía y la sección sindical del Ayuntamiento de Madrid han convocado a los delegados de prevención de CCOO del conjunto de la corporación municipal y a la afiliación de la sección de parques y jardines con los mismos objetivos.
Todos estos encuentros nos han servido para recabar información de los propios trabajadores y para constatar que la situación es más preocupante de lo que pensábamos en un primer momento. El uso del glifosato está extendido a prácticamente todas las zonas verdes de Madrid, incluyendo jardines históricos y emblemáticos como El Retiro o la Casa de Campo, parques infantiles y los huecos de los árboles de calles y plazas. Al igual que en Barcelona, los jardineros madrileños refieren constantes incumplimientos de la normativa preventiva y denuncian el impacto que para la salud pública están teniendo las políticas de austeridad y recortes, ya que el consumo de glifosato se ha disparado de manera proporcional a la reducción de plantillas: la labor de desbroce que antes realizaban varios trabajadores ahora la realiza un único operario aplicando este agente cancerígeno.
