El Gobierno destinará 2.800 millones a políticas activas de empleo

El Gobierno destinará 2.803 millones de euros a las políticas activas de empleo en 2023, lo que supone un récord, la cifra más elevada de la historia destinada a estas partidas. Lo ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros, y se distribuirá entre la comunidades autónomas para fomentar el empleo, centrándose especialmente en el paro de largo duración (el que supera el año en desempleo) y en los mayores de 45 años.

“Es la mayor inversión de fondos públicos para la mejora de la empleabilidad”, ha manifestado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar la medida, que incluye una condicionalidad distinta a la de ejercicios anteriores. Si hasta el momento, se ponía el acento en los jóvenes, ahora los esfuerzos se centrarán en los parados de larga duración, muchos de los cuales tienen más de 45 años.

“Un trabajador  que tiene 45 años se encuentra seguramente en lo mejor de su carrera profesional. Las empresas no pueden prescindir de ese talento. Hago por tanto un llamamiento a los empresarios de nuestro país: Contrátenlos. Contraten a las personas paradas de larga duración y a los mayores de 45 años», ha afirmado Díaz. Este colectivo, a pesar de haberse reducido un 14%, agrupa todavía a 1,2 millones de desempleados y constituyen, según la vicepresidenta, el problema principal de España en cuestión de desempleo.

Un trabajador que tiene 45 años se encuentra  en lo mejor de su carrera profesional. Contrátenlos

De los 2.803 millones de euros aprobados para políticas activas de empleo, la parte fundamental, un total de 2.572 millones de euros, se financiarán a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mientras que el resto, 231 millones, irán a cargo del plan de recuperación. La distribución territorial definitiva se decidirá en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que tendrá lugar en las próximas semanas y se basará

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado el anteproyecto de la Ley Integral de la Economía Social, que hace una nueva definición del movimiento cooperativo, buscando mejorar su actividad y su funcionalidad. En concreto, se deberá adaptar el funcionamiento interno de las cooperativas a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías. Además, se creará el Comité de Igualdad para supervisar los planes de igualdad en el funcionamiento de las cooperativas.